DEMOCRACIA: UNA ASPIRACIÓN PERENNE
- El retroceso democrático se aceleró en todo el mundo. Las juntas militares avanzan hacia la consolidación de su poder a medida que vencen los plazos de transición, los regímenes autoritarios celebran elecciones sin competencia real y varias democracias debilitadas han cruzado umbrales críticos hacia el autoritarismo. En las democracias consolidadas, los partidos populistas de derecha no dejan de ganar terreno en elecciones competitivas.
- Los mecanismos de defensa de la democracia han llegado a un punto crítico. Golpes de Estado, tomas de poder y elecciones fraudulentas encuentran cada vez menos resistencia de la comunidad internacional. Estados Unidos ha desmantelado la estructura de ayuda exterior que ayudaba a sostener la democracia. Siguen propagándose las medidas para restringir el espacio cívico, tales como leyes de agentes extranjeros, restricciones a la protesta y represión transnacional.
- A pesar de la represión sistemática y la reducción de recursos, la sociedad civil sigue siendo el principal baluarte frente al autoritarismo. Monitorea las elecciones, documenta los abusos y defiende la integridad electoral frente a las interferencias. Las movilizaciones lideradas por la generación Z y otros movimientos de protesta siguen saliendo a las calles, demostrando que, incluso cuando la democracia retrocede como práctica, perdura como aspiración.
El declive democrático se intensifica. Las juntas militares que tomaron el poder en la región africana del Sahel están dejando que expiren todos los plazos para la transición democrática, afianzando así un dominio represivo que no muestra señales de ceder. Los regímenes autoritarios siguen celebrando elecciones sin competencia real. Las democracias defectuosas y los regímenes híbridos se están deteriorando cada vez más. Y las democracias de larga data están viendo cómo se erosiona su calidad.
Esta crisis de la democracia moldea las condiciones en las que se desarrollan las múltiples crisis actuales. Cuando el poder ejecutivo está concentrado y los ciudadanos y las instituciones no pueden exigirle que rinda cuentas, los acuerdos que priorizan los intereses estratégicos por encima de los derechos humanos no se cuestionan y los compromisos climáticos no se cumplen. Cuando el poder judicial está cooptado, se obstruyen los procesos de litigio que, de otro modo, podrían producir fallos cruciales en materia de derechos humanos. Cuando el espacio cívico se cierra, los activistas climáticos, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y las defensoras de los derechos de las mujeres pierden la libertad de actuar, y los grupos excluidos se convierten en los principales blancos de la represión estatal.
En 2025, el epicentro del retroceso cambió de forma radical. Durante décadas, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos promovieron las normas democráticas y apoyaron el trabajo de la sociedad civil y la democracia en todo el mundo. Ahora, ambos han virado hacia adentro y se han concentrado en sí mismos, y algunos Estados se han vuelto activamente hostiles a los principios que antes promovían.
En los Estados Unidos, la segunda administración Trump está llevando adelante un ataque sistemático contra los frenos y contrapesos constitucionales, concentrando el poder ejecutivo a expensas del Congreso, los tribunales y la sociedad civil. Pero ese ataque no se detiene en las fronteras. Su desacato a las sentencias judiciales, la militarización del control migratorio y el retroceso en las protecciones climáticas y de género se están proyectando a nivel internacional a través de un asalto unilateral al orden internacional que ha llevado a Estados Unidos a abandonar numerosas organizaciones y procesos internacionales, a retirar su financiamiento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a desmantelar su Agencia para el Desarrollo Internacional y a crear sus propios organismos internacionales y lanzar operaciones militares ilegales. El patrón es consistente: la voluntad ejecutiva, sin control legislativo o judicial, se ejerce con impunidad tanto dentro como fuera del país.
Europa también está experimentando un retroceso democrático tanto a nivel estatal como regional. Tras las victorias obtenidas en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, los partidos de extrema derecha han empezado a rediseñar la política regional, erosionando las protecciones de asilo y refugio y vaciando de contenido al Pacto Verde Europeo, la agenda climática del bloque. Su influencia ha empujado a partidos mayoritarios de varios Estados miembros a adoptar posiciones que hasta hace poco se consideraban extremas. Hungría ilustra adónde lleva ese camino. Con el control de la maquinaria estatal, el partido gobernante Fidesz tiene hoy la capacidad de bloquear la acción de la UE frente a Rusia, socavar los mecanismos que condicionan la financiación de la UE al respeto de las normas democráticas y blindar a otros gobiernos represivos frente a la rendición de cuentas. A nivel nacional, promueve una legislación impensable en cualquier democracia que funcione, como la ley de 2025 que prohíbe los eventos del Orgullo LGBTQI+ y penaliza el apoyo público a las personas del colectivo. Hungría no solo está erosionando la credibilidad democrática de la UE, sino que está ofreciendo un manual a las fuerzas antidemocráticas de otros lugares de Europa.
Sin embargo, esta crisis de la democracia no es una crisis de las aspiraciones democráticas. En 2025, en decenas de países, incluyendo en Estados Unidos, la gente salió a las calles para protestar contra el poder arbitrario, la corrupción y los abusos del ejecutivo. Una nueva generación ha emergido para convertirse en una nueva fuerza política de importancia mundial, con levantamientos liderados por la Generación Z que sacudieron a los gobiernos de varios países y condujeron a algunas victorias políticas notables. En Bangladesh, las protestas que lideraron en 2024 lograron restaurar la democracia y dieron lugar a las primeras elecciones nacionales creíbles en casi dos décadas, en febrero de 2026. En Nepal, las protestas derrocaron al gobierno y abrieron paso a nuevas elecciones.
Estos movimientos de protesta son apartidistas, pero profundamente políticos. Suelen surgir del malestar económico, pero pronto escalan para exigir lo que los gobiernos antidemocráticos les niegan: rendición de cuentas, transparencia y sistemas que trabajen para la ciudadanía. La democracia está retrocediendo, pero su promesa no deja de movilizar a millones de personas.
Algunas de las mayores amenazas para la democracia provienen de líderes elegidos democráticamente que usan el poder que los votantes les confiaron para desmantelar los frenos y contrapesos, y las libertades cívicas que son tan esenciales para la democracia como las propias elecciones.
Estados Unidos bajo el gobierno de Trump es el caso más grave de retroceso democrático. El gobierno desafía sentencias judiciales y trata la Constitución como un obstáculo que hay que sortear en lugar de una restricción que hay que respetar. Se niega a reconocer la legitimidad de sus opositores y críticos: los criminaliza, los vilipendia y fomenta la violencia contra ellos. También está restringiendo las libertades civiles, limitando el derecho a la protesta, atacando a los medios de comunicación y acortando el margen de maniobra de la sociedad civil. Ha abandonado las normas no escritas en las que se basan los sistemas democráticos, como el control mutuo entre rivales políticos y la disposición compartida a ejercer el poder dentro de ciertos límites. Cuando esas normas colapsan, el cargo se convierte en un instrumento para que el líder afiance su poder antes de las próximas elecciones.
Aunque muchas instituciones poderosas no han logrado articular una resistencia colectiva, la sociedad civil sí está respondiendo. La reacción es extraordinaria: más de siete millones de personas salieron a las calles en la que posiblemente haya sido la mayor protesta en la historia de Estados Unidos.
Una mujer sostiene un cartel con el lema “La indiferencia abre las puertas al mal” en una manifestación contra el extremismo político previa a las elecciones parlamentarias en Praga, República Checa, el 28 de septiembre de 2025. Foto de Eva Korinkova/Reuters vía Gallo Images
En toda Europa, los partidos de extrema derecha y nacionalistas han obtenido importantes victorias electorales, normalizando posiciones que hasta hace poco se consideraban extremistas. En Polonia, el nacionalista de derecha Karol Nawrocki derrotó por un estrecho margen al candidato proeuropeo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la República Checa, el multimillonario populista de derecha Andrej Babiš regresó al poder a pesar de las numerosas acusaciones de corrupción en su contra. Rumania vivió una larga crisis: tras la polémica cancelación de las elecciones presidenciales de 2024 ante evidencias de interferencia rusa, la repetición del proceso en 2025 trajo una nueva sorpresa. El nacionalista de extrema derecha George Simion se impuso en la primera vuelta, pero perdió la segunda frente al centrista Nicușor Dan, un resultado que Simion denunció como un golpe de Estado.
En las elecciones de Alemania, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) duplicó sus votos y se convirtió en la segunda fuerza política, promoviendo una visión nativista de la identidad nacional respaldada por una política de deportaciones masivas. Aunque sigue excluida del gobierno, la AfD ha transformado los límites de lo que se considera normal en la política alemana. En Portugal, el partido de extrema derecha Chega obtuvo 60 escaños y se convirtió en la principal oposición, aprovechando escándalos de corrupción y una crisis inmobiliaria crónica para alimentar la tendencia antisistema. En Noruega, a pesar de que el gobierno de centroizquierda logró mantener su posición en las elecciones parlamentarias, el Partido del Progreso, populista de derecha, logró su mejor resultado en la historia con una plataforma antiinmigración.
Más allá de las urnas, las fuerzas de extrema derecha se están haciendo visibles en las calles. En septiembre, más de 100.000 personas participaron en una manifestación de extrema derecha en Londres, en la que participaron líderes extremistas, como Elon Musk a través de una videollamada, y que terminó en violentos enfrentamientos con la policía. Ese mismo mes también hubo protestas de extrema derecha contra la inmigración en Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Polonia y Suecia.
En Japón, el partido populista de derecha Sanseitō logró importantes avances en la cámara alta con una plataforma virulentamente xenófoba que combina el rechazo a la inmigración con la hostilidad hacia los derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres. En Argentina, las elecciones legislativas afianzaron el control del poder del presidente Javier Milei, consolidando un proyecto libertario de derecha que ha desmantelado la infraestructura feminista, debilitado los servicios públicos y concentrado el poder ejecutivo, con el respaldo explícito de Trump. En Chile, el candidato de extrema derecha José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y se convirtió en el presidente más derechista del país desde la dictadura de Pinochet.
Manifestantes protestan contra las propuestas del partido Sanseitō sobre migración tras las elecciones legislativas en Tokio, Japón, el 21 de julio de 2025. Foto de Kim Kyung-Hoon/Reuters vía Gallo Images
Hay un patrón que se repite: las fuerzas regresivas aprovechan preocupaciones legítimas, como la corrupción, el aumento del costo de vida, la desigualdad económica y la exclusión política, y las redirigen contra los migrantes, las mujeres y las personas LGBTQI+, usando la desinformación para profundizar la polarización y erosionar la confianza en las instituciones.
En varios países, un número significativo de jóvenes, desproporcionadamente formado por hombres jóvenes, se ha inclinado en favor de la extrema derecha. Esta es la otra cara de las movilizaciones lideradas por la generación Z que impulsan las demandas democráticas. Se trata de una generación políticamente activa e impaciente por el cambio, que rechaza la política convencional, pero que no es uniformemente progresista. La participación de los jóvenes en la política no garantiza, por sí sola, la renovación democrática.
La extrema derecha gana terreno por la vía democrática, en elecciones libres y competitivas. La pregunta, entonces, no es solo cómo puede la democracia defenderse de estos enemigos, sino cómo puede responder a las motivaciones de quienes los votan.
En los regímenes híbridos, las elecciones siguen celebrándose y pueden seguir siendo relevantes, pero el campo de juego se ha inclinado, por lo que ya no funcionan como un control efectivo del poder. Los poderes judiciales están cooptados, los medios están sesgados y la oposición compite en clara desventaja. En 2025, varios países situados en este ambiguo terreno intermedio se alejaron aún más de la democracia ya que sus líderes y partidos gobernantes recurrieron a mecanismos legales, tales como las enmiendas constitucionales, demandas penales y nombramientos judiciales, para debilitar los controles institucionales, descalificar a sus rivales y consolidar su control del poder. En todos los casos, presentaron estos cambios como medidas democráticas, tecnocráticas o anticorrupción.
En marzo de 2025, el gobierno turco detuvo a Ekrem İmamoğlu, alcalde electo de Estambul, ganador de las primarias de la oposición y el único político que superaba al presidente Recep Tayyip Erdoğan en las encuestas de cara a las presidenciales de 2028. A los cargos de corrupción y terrorismo se sumó la anulación de su título universitario, una maniobra destinada a impedirle presentarse en las elecciones.
En Georgia, mientras las protestas prodemocráticas seguían tomando las calles, el gobierno del partido populista de derecha Sueño Georgiano congeló las cuentas bancarias de las principales organizaciones de la sociedad civil y encarceló a siete líderes de la oposición, acusándolos de financiar actos violentos y de sabotaje. La represión se produjo tras una resolución de febrero de 2025 del Parlamento Europeo en la que se declaraba ilegítimo al Parlamento georgiano por las maniobras utilizadas en las elecciones de 2024, entre ellas la confiscación de documentos de identidad de votantes y otras prácticas de fraude electoral. En un gesto que aumentó su aislamiento, el gobierno celebró elecciones municipales en octubre sin observación europea.
En El Salvador, el Congreso abolió los límites a la reelección presidencial, lo que permitiría al presidente Nayib Bukele permanecer en el poder por tiempo indefinido. Con más de 80.000 personas detenidas bajo un prolongado estado de emergencia, una ley de agentes extranjeros dirigida contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y un acuerdo con la administración Trump para alojar a los deportados estadounidenses en la megaprisión salvadoreña, Bukele demostró que el autoritarismo también puede gozar de un amplio respaldo popular.
México celebró la primera elección popular en el mundo de todo el poder judicial federal, proceso que el gobierno presentó como una democratización de la justicia. Sin embargo, la participación apenas alcanzó el 13% y los observadores documentaron irregularidades generalizadas, ya que varios candidatos ganadores tenían vínculos creíbles con el crimen organizado. Lo que el gobierno llamó innovación democrática se parece más a una captura judicial, y su potencial de réplica es preocupante.
Túnez, cuna de las revueltas de la Primavera Árabe y durante un tiempo considerado un caso de éxito democrático, siguió retrocediendo bajo la presidencia de Kais Saied. Desde que ganó las últimas elecciones verdaderamente competitivas del país en 2019, Saied ha desmantelado gradualmente el sistema democrático desde dentro: reescribió la Constitución para otorgarse un poder casi absoluto y manipuló las elecciones para eliminar cualquier competencia real. En 2025, un tribunal condenó a 21 figuras de la oposición por vagas acusaciones de terrorismo y dictó sentencias sorprendentemente largas tras un juicio que los observadores calificaron como profundamente injusto. Catorce organizaciones de la sociedad civil vieron sus activos congelados o suspendidos. La UE, atada a Saied por un acuerdo de control de la migración, ha guardado en gran medida silencio.
Una serie de elecciones recientes produjo resultados que estaban determinados mucho antes de que comenzara la votación. Los gobernantes autoritarios inhibieron, encarcelaron o forzaron al exilio a los líderes opositores que podían amenazar su poder. Los partidos gobernantes controlaron los organismos electorales y los tribunales. Las cifras de participación fueron a menudo inverosímiles, los recuentos nunca fueron independientes y los resultados fueron manipulados con frecuencia. Muchas de estas elecciones provocaron protestas que, en la mayoría de los casos, fueron reprimidas violentamente. La comunidad internacional apenas se pronunció al respecto, enviando un claro mensaje a los líderes autoritarios de que las elecciones orquestadas siguen siendo útiles para mantener una fachada de legitimidad.
Manifestantes sostienen un cartel con el lema “Ya no queremos una dictadura” en una protesta contra el fraude electoral en Duala, Camerún, el 26 de octubre de 2025. Foto de Zohra Bensemra/Reuters vía Gallo Images
En África, cuatro elecciones siguieron este patrón en rápida sucesión. En Camerún, la maquinaria electoral le aseguró un séptimo mandato a Paul Biya, quien está en el poder desde 1982. El gobierno llenó los organismos clave con aliados, bloqueó la candidatura del principal opositor y respondió con violencia letal a las protestas postelectorales. En Costa de Marfil, el presidente Alassane Ouattara se adjudicó un cuarto mandato de dudosa constitucionalidad después de que las autoridades descalificaran a los principales candidatos de la oposición y prohibieran las protestas. En Tanzania, la presidenta Samia Suluhu Hassan se aseguró la reelección en un proceso desprovisto de toda competencia real: el principal partido opositor no pudo presentarse, su líder fue detenido por traición y otro candidato fue declarado inelegible. Observadores de la Unión Africana documentaron casos de fraude electoral, restricciones al acceso a Internet y secuestros políticos. Uganda comenzó 2026 con unas elecciones que ratificaron el séptimo mandato presidencial de Yoweri Museveni. La votación estuvo acompañada de un apagón de Internet en todo el país y del secuestro de figuras de la oposición.
Una integrante de la diáspora bielorrusa lleva una pancarta con la imagen del presidente Alexander Lukashenko en una manifestación contra la farsa electoral en Varsovia, Polonia, el 26 de enero de 2025. Foto de Sergei Gapon/AFP vía Getty Images
Biya, de 92 años, y Museveni y Ouattara, ambos octogenarios, gobiernan sobre algunas de las poblaciones más jóvenes del planeta. Brechas generacionales tan grandes tienen el potencial de desencadenar muchas más protestas lideradas por la generación Z.
Bielorrusia, bajo el control del presidente Alexander Lukashenko desde 1994, celebró unas elecciones presidenciales en condiciones que hicieron que el resultado nunca estuviera en duda. Cualquiera que pudiera haber supuesto una amenaza real está en la cárcel o en el exilio, y el nivel de represión fue tal que no hubo protestas ni oposición.
En Medio Oriente, Irak siguió una dinámica similar: sus elecciones parlamentarias se celebraron en un contexto de severas restricciones al espacio cívico, lo que las convirtió más en un reparto de poder entre las élites que en una auténtica competencia.
Desde 2020, África ha experimentado 11 golpes de Estado exitosos en nueve países, la mayoría de ellos concentrados en el llamado “cinturón de golpes” que atraviesa al Sahel. Los militares suelen justificar estas tomas de poder como una respuesta necesaria a la insurgencia yihadista, la corrupción y el estancamiento político. En 2025, dos países más cayeron bajo control militar a través de caminos muy diferentes.
En Madagascar, la misma unidad del ejército que llevó al poder al presidente Andry Rajoelina en 2009 lo obligó a dimitir en medio de protestas masivas lideradas por la generación Z y provocadas por la escasez de agua y electricidad. En Guinea-Bissau, un golpe de Estado interrumpió el proceso electoral un día antes de conocerse los resultados, en lo que la sociedad civil y observadores internacionales denunciaron como una maniobra del presidente Umaro Sissoco Embaló para evitar una derrota electoral. Benín logró frustrar un intento de golpe de Estado en diciembre.
En otros lugares, las juntas afianzaron su poder. En Mali, cinco años después de que el general Assimi Goïta tomara el poder, la junta disolvió todos los partidos políticos, multó a los medios de comunicación independientes, usó las leyes contra los delitos informáticos para perseguir a sus críticos y extendió el mandato de Goïta hasta 2030. En Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, en el poder desde 2022, pospuso las elecciones hasta 2029, disolvió la comisión electoral independiente y llevó adelante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y reclutamiento militar obligatorio de activistas y periodistas. Recientemente, en febrero de 2026, disolvió todos los partidos políticos. En ambos casos, el contexto de inseguridad que sirvió de pretexto para que las juntas justificaran su llegada al poder, no ha hecho más que deteriorarse.
Mientras que algunas juntas se negaron simplemente a dejar el poder, otras lo consolidaron en las urnas. En Chad, Mahamat Idriss Déby, que tomó el poder en un golpe de Estado cuando los rebeldes asesinaron a su padre en 2021, ganó, como era de esperar, las elecciones presidenciales de 2024 tras una campaña marcada por la violencia que incluyó el asesinato de un líder opositor. En 2025, consolidó su control cuando el parlamento abolió los límites al mandato presidencial y lo amplió de cinco a siete años, lo que le permitiría gobernar de por vida.
En Gabón, el general Brice Oligui Nguema, que derrocó al dictador Ali Bongo en agosto de 2023, ganó las elecciones presidenciales, afirmando haber obtenido más de 90% de los votos. Las elecciones parlamentarias que le siguieron concentraron aún más el poder en sus manos. En Guinea, los militares organizaron unas elecciones presidenciales con las principales figuras opositoras excluidas, exiliadas o encarceladas, lo que le allanó el camino al líder golpista Mamady Doumbouya para pasar de líder de la junta a presidente electo. La votación se celebró luego de varios retrasos y protestas reprimidas, y después de un referéndum constitucional que eliminó las restricciones para que miembros de la junta pudieran presentarse a elecciones y amplió la duración de los mandatos presidenciales.
Simpatizantes de Mamadi Doumbouya exhiben carteles de campaña en Conakry, Guinea, el 3 de noviembre de 2025, mientras el líder militar presenta su candidatura para las elecciones presidenciales de diciembre. Foto de Luc Gnago/Reuters vía Gallo Images
El patrón fue consistente. Varios Estados se retiraron de mecanismos internacionales de rendición de cuentas: Burkina Faso, Mali y Níger abandonaron la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Corte Penal Internacional, y fundaron su propia Alianza de Estados del Sahel. Las juntas restringieron sistemáticamente el espacio cívico mediante tácticas como las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Los líderes se beneficiaron a través de campañas de propaganda, como las operaciones en redes sociales de Burkina Faso que presentaban a Traoré como un líder panafricano visionario. Estas medidas se llevaron a cabo en un entorno internacional cada vez más permisivo, en el que la Unión Africana no pudo, o no estuvo dispuesta, a aplicar medidas contra los golpes de Estado.
Una dinámica similar se observó en Myanmar. Cuatro años después del golpe que lo llevó al poder, con menos de una cuarta parte del territorio bajo su control y una guerra activa contra milicias étnicas y fuerzas prodemocráticas, la junta militar celebró unas elecciones fraudulentas en un intento de legitimar su dominio. El contexto internacional le resultó favorable: China, India y Rusia continuaron suministrándole armas y ayuda mientras que la eximían de cualquier rendición de cuentas, la administración Trump dio marcha atrás con las sanciones y recortó el financiamiento a los medios de comunicación independientes, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se aferró a una estrategia diplomática que ha demostrado ser un fracaso.
En todas las regiones y bajo todo tipo de regímenes, los Estados recurren cada vez más a la ley como instrumento de represión, valiéndose de su apariencia de legitimidad para acosar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que les exigen rendir cuentas. Un instrumento especialmente eficaz son las leyes de agentes extranjeros. Estas leyes exigen que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que reciben financiamiento internacional se registren como agentes extranjeros, una etiqueta cargada de connotaciones de deslealtad y espionaje. Presentadas como medidas de transparencia, en la práctica funcionan como mecanismos de control político.
En 2025 se aprobaron leyes sobre agentes extranjeros en El Salvador, Eslovaquia y la República Srpska de Bosnia y Herzegovina, mientras que en Hungría y Serbia se presentaron propuestas similares. Todas las leyes recientes comparten elementos comunes: el registro obligatorio, las etiquetas estigmatizantes, las multas elevadas y las restricciones a la incidencia política. La ley aprobada en la República Srpska, posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional, prohibía explícitamente a los grupos financiados con fondos extranjeros “influir en la opinión pública”. La versión final que se adoptó en Eslovaquia luego de que las protestas callejeras y la presión de la UE obligaran a eliminar la etiqueta de “agente extranjero”, conservó los onerosos requisitos de reporte y la supervisión ministerial. La ley de El Salvador fue aún más lejos, imponiendo un impuesto punitivo del 30% a todas las subvenciones extranjeras, además de requisitos de registro y amplias restricciones a la actividad política.
En Hungría, donde Fidesz teme perder las elecciones de 2026, el gobierno presentó un proyecto de ley para otorgar a la Oficina de Protección de la Soberanía amplios poderes para incluir en listas negras a organizaciones que reciban fondos extranjeros, retirarles dichos fondos y disolverlas. Sin embargo, las protestas y la condena internacional que le siguieron obligaron al gobierno a posponer la votación parlamentaria. En Serbia, a finales de 2024 se presentó ante al Parlamento un proyecto de ley que exige que las organizaciones que reciben más de la mitad de su financiamiento de fuentes extranjeras se registren como agentes extranjeros, pero aún está pendiente de votación. En Bulgaria, el parlamento rechazó por quinta vez en 2025 una propuesta similar impulsada por un partido prorruso.
Pero las leyes de agentes extranjeros son tan solo un ejemplo dentro de una gama más amplia de medidas restrictivas. En 2025 se adoptaron o impulsaron leyes sobre ONG en países como Ecuador, Etiopía, Perú, Zambia y Zimbabue. Estas leyes tenían elementos comunes: registro obligatorio de ONG, mayor supervisión gubernamental de sus actividades y financiamiento, y facultades para suspender o disolver organizaciones por motivos vagamente definidos como de seguridad o interés público. Las autoridades también han promovido leyes que restringen el derecho a la protesta. En el Reino Unido, el proyecto de ley sobre delincuencia y policía que está siendo tratado en el Parlamento, le otorgaría a la policía amplios poderes nuevos: podría establecer zonas de exclusión, prohibir el uso de cubiertas faciales y sancionar a quienes participen repetidamente en protestas por el efecto acumulado de sus acciones. Los grupos de derechos humanos lo califican como uno de los ataques más graves jamás perpetrados contra el derecho a la protesta.
En conjunto, estas leyes reducen el espacio disponible para quienes monitorean elecciones, documentan abusos y exigen rendición de cuentas. Ante este panorama, la sociedad civil le pide a la ONU que cree una Relatoría Especial sobre Democracia, argumentando que, si bien la ONU monitorea derechos específicos a través de mecanismos especializados, las libertades democráticas no cuentan con una atención internacional sistemática.
Los Estados autoritarios no se detienen en sus fronteras: espían, secuestran, acosan y asesinan a activistas, periodistas y disidentes políticos que han buscado refugiarse en el exilio. Si bien decenas de Estados recurren a estas tácticas de represión transnacional, diez de ellos son responsables de alrededor del 80% de todos los ataques físicos directos registrados. China encabeza la lista por amplio margen, seguida de Rusia, Turquía y Egipto.
Una investigación de 2025 expuso una amplia red de vigilancia operada por agentes chinos. A esto se le suman campañas de desprestigio en Internet y acoso a familiares que viven en China. En Francia, dos activistas uigures volvieron a presentar una denuncia ante un tribunal de París alegando que la embajada china los atacó, vigiló y amenazó durante una visita del presidente chino Xi Jinping. Los activistas prodemocráticos de Hong Kong en el exilio han sido blanco de estas operaciones: al menos 19 tienen recompensas en su contra y la policía hostiga a sus familias que permanecen en el país.
Rusia, por su parte, recurre a la condena en rebeldía como herramienta de represión transnacional: le permite sentenciar a críticos exiliados e incluirlos en listas de buscados que restringen su libertad de movimiento dondequiera que estén. En 2026, los tribunales de Moscú condenaron a ocho años de prisión a la periodista de TV Rain en el exilio, Yekaterina Kotrikadze, por publicar sobre los crímenes de guerra rusos en su canal personal de Telegram, y a nueve años al restaurador Yevgeny Chichvarkin, basado en Londres, por compartir una declaración en contra de la guerra en Instagram. Ambos fueron condenados por difundir “noticias falsas sobre la guerra” y violar la ley rusa de agentes extranjeros.
La represión transnacional de Egipto combina tácticas administrativas, digitales, legales y físicas. Los ataques digitales incluyen phishing, spyware y campañas de desprestigio en las redes sociales, mientras que los agentes de seguridad vigilan y acosan a los activistas en las ciudades europeas y las autoridades detienen y acosan a sus familiares en su país de origen. En 2025, familiares de manifestantes en la diáspora que encadenaron las puertas de la embajada en protesta por la complicidad de Egipto en el genocidio de Israel en Gaza fueron encarcelados en represalia. El Estado también ha utilizado mecanismos administrativos y legales para presionar a activistas, negándoles servicios consulares, reteniendo sus pasaportes y dejando a niños sin nacionalidad. A los activistas también los incluyen en listas de terrorismo que les congelan sus finanzas, los marcan en las fronteras y permiten condenarlos en ausencia.
Turquía también utiliza herramientas administrativas y legales para reprimir más allá de sus fronteras. En 2025, un memorándum clasificado reveló que la Dirección General de Seguridad intentó sortear en secreto las normas de la Interpol para obtener una orden de detención contra un periodista turco asilado en Suecia. El caso turco también ilustra cómo los Estados represivos se cubren las espaldas mutuamente: en abril de 2025, a pedido del gobierno de Turkmenistán, la policía turca detuvo a los blogueros y activistas de derechos humanos Abdulla Orusov y Alisher Sahatov bajo falsas acusaciones de terrorismo. Aunque el Tribunal Supremo turco dictaminó que devolverlos a Turkmenistán pondría en peligro sus vidas, ambos fueron trasladados en secreto y aún se desconoce su paradero.
La policía costarricense lleva a cabo una operación para detener a los sospechosos del asesinato del disidente nicaragüense Roberto Samcam en San José, Costa Rica, el 12 de septiembre de 2025. Foto de Ezequiel Becerra/AFP
La represión también puede ser letal. En 2025, el político opositor camboyano Lim Kimya fue asesinado en Tailandia. Este fue uno de los muchos casos que se produjeron en el sudeste asiático, una región donde la represión transnacional suele ser colaborativa, donde los gobiernos se ayudan entre sí o permiten tácitamente que otros persigan a disidentes en su territorio, a cambio de un trato recíproco hacia sus propios críticos en el exilio.
El mismo patrón está emergiendo en América. Roberto Samcam, un mayor retirado del ejército y que se convirtió en un crítico abierto del dictador nicaragüense Daniel Ortega, fue asesinado a tiros en Costa Rica en junio. En octubre, dos activistas venezolanos de derechos humanos exiliados fueron tiroteados en Colombia. Sobrevivieron, pero el ataque tuvo un fuerte efecto intimidatorio entre la diáspora venezolana.
Cada acto de represión transnacional que queda impune envía un mensaje sobre el alcance del Estado y los límites de la seguridad. Los gobiernos democráticos que no investigan, persiguen ni condenan públicamente estas operaciones en su territorio son cómplices. Los Estados deben reforzar las protecciones legales para los activistas en el exilio y trabajar junto a las comunidades de la diáspora. En noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó su primer informe sobre la represión transnacional, en el que pidió sancionar a los Estados implicados.
La regresión democrática se está acelerando. Pero no todo son malas noticias. Albania amplió el derecho al voto al incorporar el sufragio de la diáspora. Samoa celebró unas de las elecciones más reñidas de su historia. En Moldavia, el partido moderado logró mantenerse en el poder a pesar de sufrir una sofisticada campaña de interferencia rusa que combinó ciberataques, desinformación y financiamiento ilícito, mientras que la sociedad civil jugó un papel decisivo en la protección de la integridad electoral. En Australia y Canadá los votantes rechazaron la política alineada con Trump en unas elecciones en las que la conducta del gobierno estadounidense fue un tema clave de la campaña, y lo hicieron a contracorriente: en ambos casos, los gobiernos en funciones se impusieron pese a la tendencia global de castigar a los gobiernos por el aumento del costo de vida. En Corea del Sur, tras la crisis constitucional de diciembre de 2024 cuando un presidente políticamente debilitado intentó imponer la ley marcial y fue detenido por las protestas masivas, el país eligió un nuevo presidente con un mandato claro de cambio.
En muchos países, las elecciones brindaron a la población oportunidades genuinas para reclamar por su malestar económico y su frustración política. Así ocurrió en Bolivia, donde las elecciones presidenciales de octubre llevaron al poder a un partido opositor por primera vez en dos décadas, logrando una transición pacífica en medio de la peor crisis económica en una generación. Allí y en otros lugares, la sociedad civil desempeñó un papel fundamental en la defensa de la integridad electoral.
También hubo señales de posible apertura democrática en lugares donde durante mucho tiempo parecía no haber esperanza. En Siria, el colapso del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 puso fin a cinco décadas de autoritarismo dinástico, creando una oportunidad frágil pero real de transición. En Somalia, un acuerdo político permitió introducir elecciones directas para los legisladores federales, un paso que podría romper con las arraigadas estructuras de poder basadas en clanes, aunque enfrenta grandes resistencias y un tiempo limitado para implementarlo.
Protesta contra las políticas del presidente estadounidense Donald Trump en Chicago, Estados Unidos, el 18 de octubre de 2025. Foto de Jim Vondruska/Reuters vía Gallo Images
Durante todo el año, la gente se arriesgó para exigir y defender la democracia. En Estados Unidos, millones salieron a las calles en contra del autoritarismo de Trump. El movimiento “No Kings” (sin reyes) reflotó el rechazo fundacional del país al régimen monárquico para denunciar los abusos del ejecutivo. Cientos de miles de personas se movilizaron en Alemania, primero contra la decisión del gobierno de aprobar una ley antimigración con el apoyo de la AfD, quebrando así el consenso contra cualquier colaboración con la extrema derecha, y luego contra la propia AfD antes de las elecciones federales. En Francia y los Países Bajos, decenas de miles de personas salieron a protestar contra el racismo y las políticas de extrema derecha. Y cuando un tribunal declaró a la líder ultraderechista Marine Le Pen culpable de malversación de fondos públicos europeos e inhabilitada para presentarse a las presidenciales de 2027, Francia volvió a salir a las calles, pero para celebrar.
En Turquía, la detención por motivos políticos de İmamoğlu desencadenó un levantamiento nacional liderado por la generación Z en contra del desmantelamiento de las instituciones democráticas que Erdoğan lleva adelante desde hace décadas. A pesar de la violenta represión, en junio Georgia cumplió 200 días consecutivos de protestas en las que se exigía repetir las fraudulentas elecciones de 2024 y retomar los planes del país para adherirse a la UE. En Togo, la detención de un popular rapero desencadenó el Movimiento 6 de Junio, que movilizó a una generación que nunca ha conocido la democracia, pero que se niega a aceptar casi seis décadas de gobierno dinástico.
Un estudiante sostiene una bengala en una protesta contra la detención del alcalde Ekrem İmamoğlu en Estambul, Turquía, el 21 de marzo de 2025. Foto de Umit Bektas/Reuters vía Gallo Images
Los líderes autoritarios que usaron las elecciones para atrincherarse en el poder también enfrentaron protestas, a las que generalmente respondieron con violencia. En Costa de Marfil, los partidores opositores salieron a las calles meses antes de las elecciones de octubre para protestar contra la exclusión de sus dos principales candidatos, lo que resultó en unas 700 detenciones, 80 condenas de prisión y 11 muertos. En Tanzania, las fuerzas de seguridad asesinaron a centenares de personas cuando estallaron las protestas tras las elecciones antidemocráticas. En Camerún, el Estado recurrió al uso de fuerza letal contra los que se manifestaron después de las elecciones. En Uganda, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 30 manifestantes de la oposición y detuvieron a 2.000, mientras que el hijo de Museveni, jefe del ejército, amenazó públicamente con matar al principal candidato de la oposición.
En Irán, el 28 de diciembre estallaron protestas en todo el país con la población exigiendo el fin del régimen teocrático. Lo que comenzó como una reacción a la fuerte depreciación de la moneda y la inflación descontrolada, se convirtió rápidamente en un desafío directo a la legitimidad de la élite gobernante. Las autoridades respondieron asesinando a miles de manifestantes, deteniendo a decenas de miles y, una vez despejadas las calles, dictando condenas a muerte.
En todo el mundo, millones de personas han demostrado que la democracia es algo por lo que vale la pena arriesgar la vida. La pregunta es si estos focos de resistencia pueden articularse para ejercer una presión sostenida en favor de la renovación democrática, o si las tendencias regresivas seguirán ganando terreno. Mucho dependerá de la capacidad de las instituciones internacionales de sostener las normas que tardaron décadas en construir, y de si la sociedad civil logra resistir las crecientes restricciones y mantener vivas las aspiraciones democráticas.