LUCHAS DE GÉNERO: REACCIÓN, RESISTENCIA Y PERSEVERANCIA
- Los derechos de género están retrocediendo en todo el mundo debido al auge del populismo de derecha y las políticas antiderechos.
- Las leyes anti-LGBTQI+ se están extendiendo en todas las regiones del mundo y están siendo cada vez más utilizadas como herramienta de control político.
- La sociedad civil sigue cosechando victorias a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ a fuerza de perseverancia y resistencia estratégica.
El retroceso de las iniciativas de DEI respaldado con tanto entusiasmo por las principales empresas tecnológicas es una de las formas en que el regreso de Trump ha desmantelado rápidamente las protecciones de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Estos derechos están siendo atacados por populistas de derecha en todo el mundo.
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, manifestantes en Roma, Italia, denuncian el apartheid de género y reclaman que la ONU reconozca la opresión sistemática de las mujeres como un crimen contra la humanidad, 7 de marzo de 2025. Foto de Simona Granati/Corbis vía Getty Images.
Al mismo tiempo, la congelación de los fondos de USAID afectará desproporcionadamente a mujeres y niñas, sobre todo en las zonas de conflicto, el mundo rural y los países menos desarrollados. El Instituto Guttmacher estima que la medida negará acceso a anticoncepción a 11,7 millones de mujeres, lo cual podría resultar en 4,2 millones de embarazos no deseados y más de 8.300 muertes maternas. Incluso si se descongelan los fondos, no se volverá a la normalidad, ya que el gobierno de Trump ha restablecido la ley mordaza global, que restringe las ayudas a las organizaciones que ofrezcan servicios de interrupción del embarazo o defiendan el derecho al aborto. Durante el primer mandato de Trump, esta política provocó alrededor de 108.000 muertes maternas e infantiles y 360.000 nuevas infecciones por VIH.
Estos cambios se inscriben en el marco de la batalla mundial de los movimientos de derecha contra la igualdad de género. Las encuestas revelan que, incluso en países que recientemente han adoptado políticas que amplían derechos, cada vez más personas, especialmente los hombres jóvenes, creen que las iniciativas para promover la igualdad de género han ido demasiado lejos. Sin embargo, como muestra el Índice de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hasta a los países más progresistas les queda mucho para lograr la igualdad de género.
Activistas de todos los continentes atribuyen gran parte de la reacción a la creciente organización y movilización de fuerzas antiderechos. Estos grupos difunden bulos en las redes sociales, incitan al odio y la misoginia, una estrategia transnacional que llega hasta los foros internacionales. A lo largo de los años, y también en 2024, las activistas han constatado la presencia creciente de grupos antigénero en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que se reúne cada mes de marzo con el objetivo de promover la igualdad de género.
La erosión de los derechos sigue un patrón inquietante y se extiende por múltiples regiones. El ejemplo más extremo de la regresión de la igualdad de género sigue siendo Afganistán, donde los talibanes han construido metódicamente un apartheid de género total. Las mujeres han sido despojadas sistemáticamente de sus derechos al trabajo, la educación y el ocio, y progresivamente confinadas en sus hogares con el fin de silenciarlas literalmente y de expulsarlas de la vida pública.
En Irán, las consecuencias de las protestas generalizadas de 2022 y 2023, provocadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven detenida por infringir la ley sobre el hiyab, demostraron que el régimen teocrático estaba dispuesto a todo para mantener el control. La represión brutal se saldó con más de 500 muertes, miles de personas heridas y muchas más encarceladas. Le siguió una oleada de ejecuciones que buscaban sembrar miedo y desalentar nuevas movilizaciones.
En Irak, las enmiendas en curso a la Ley del Estatuto Personal de 1959 también suscitan gran preocupación, ya que el Parlamento podría rebajar la edad mínima para contraer matrimonio a nueve años y eliminar los derechos de las mujeres al divorcio, la custodia y la herencia. La situación de las personas LGBTQI+ sigue siendo calamitosa. Este año se aprobaron leyes que castigan con severas penas de prisión las identidades trans y las relaciones homosexuales.
En Rusia, la campaña del gobierno contra la “propaganda antinatalista” supone una nueva forma de control estatal sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres. El Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohíbe la promoción del “estilo de vida sin hijos” en medios de comunicación, películas y contenidos digitales. El gobierno asegura que busca promover los “valores familiares tradicionales” y hacer frente a los desafíos demográficos que se han exacerbado con la guerra en Ucrania. Esta medida se inscribe en una tendencia populista y nacionalista de derecha que ha surgido en los últimos años. Países como Hungría e Italia han implementado políticas de este tipo para contrarrestar el descenso de la natalidad. Las motivaciones son, al menos en parte, racistas, y se inspiran en la teoría conspirativa supremacista blanca del “gran reemplazo”, según la cual las poblaciones cristianas blancas están siendo sustituidas por personas musulmanas negras y morenas. Estas políticas encajan con las restricciones al aborto, los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTQI+.
Georgia siguió el ejemplo de Rusia y también aprobó una ley que impone severas restricciones a las personas y organizaciones LGBTQI+. Bulgaria adoptó medidas similares: pese a las protestas callejeras, el Parlamento aprobó por una mayoría considerable una ley de educación que prohíbe la “propaganda LGBTQI+” en las escuelas. La iniciativa buscaba atraer a los votantes de extrema derecha en un momento de inestabilidad política. Propuesta por un partido prorruso, la medida penaliza el debate sobre orientaciones sexuales e identidades de género no tradicionales en los centros educativos. Al igual que en Rusia, la nueva legislación considera que los derechos de las personas LGBTQI+ suponen una amenaza para la protección de la infancia.
En Turquía, las personas y organizaciones LGBTQI+ enfrentan una escalada de difamación y criminalización, así como a la prohibición de marchas y símbolos del Orgullo. El último objetivo en la lista ha sido la organización de la sociedad civil Tarlabaşı Toplum Merkezi. El Ministerio de Familia y Asuntos Sociales, la Oficina del Gobernador de Estambul, políticos del gobierno y medios de comunicación progubernamentales han presionado para que la cierren. Esta campaña coordinada demuestra que los ataques contra las mujeres forman parte de un programa político más amplio del presidente Recep Tayyip Erdoğan, quien intenta atraer a votantes socialmente conservadores para mantenerse en el poder.
En China, el gobierno totalitario tiene en el punto de mira a las activistas defensoras de los derechos de las mujeres, ya que considera que su activismo independiente constituye una amenaza para su monopolio del poder. En junio, las autoridades chinas condenaron a Sophia Huang Xueqin, destacada activista del movimiento #MeToo, y a Wang Jianbing, activista defensor de los derechos laborales y militante contra el acoso laboral, a cinco y tres años y medio de prisión, respectivamente, por “incitar a la subversión del poder del Estado”.
En varios países africanos se han adoptado nuevas leyes contra los derechos de las personas LGBTQI+, a menudo por oportunismo político. En Mali, en el marco de su ofensiva contra los derechos, la junta militar aprobó una ley que penaliza la homosexualidad . En Ghana, el Parlamento aprobó un draconiano proyecto de ley “anti-LGBTQI+”, y en Uganda, el Tribunal Constitucional confirmó la severa Ley contra la Homosexualidad. En Kenia, sigue pendiente de aprobación parlamentaria un proyecto de ley de protección de la familia que podría ilegalizar la labor de incidencia en favor de los derechos de las personas LGBTQI+. En Malaui, el Tribunal Constitucional desestimó una petición que cuestionaba la penalización de las relaciones homosexuales, argumentando que no hay pruebas de que dicha medida sea discriminatoria.
La sociedad civil sigue cosechando importantes victorias en entornos políticos difíciles. Tailandia se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Grecia se convirtió en el primer país de mayoría cristiana ortodoxa en hacerlo. En Corea del Sur, el Tribunal Supremo desestimó un recurso del gobierno y declaró que las parejas del mismo sexo tienen derecho a las mismas prestaciones sanitarias que las parejas heterosexuales. Alemania y Suecia aprobaron leyes que facilitan el cambio legal de género a las personas trans. En Australia, el estado de Nueva Gales del Sur prohibió las terapias de conversión, una práctica pseudocientífica que especialistas en derechos humanos equiparan a la tortura, mientras que Kentucky se convirtió en el 24º estado de Estados Unidos en prohibirlas.
Protesta en San Pablo, Brasil, contra un proyecto de ley que clasificaría como asesinato al aborto después de la 22ª semana de gestación, 15 de junio de 2024. Foto de Amanda Perobelli/Reuters vía Gallo Images.
En un contexto de intensa reacción a nivel nacional, el activismo estadounidense consiguió victorias a nivel estadual: varios tribunales estaduales dictaron sentencias para proteger el derecho a la identidad de género y varias legislaturas ilegalizaron las prohibiciones de libros y aprobaron “leyes escudo” para proteger a quienes cruzan las fronteras estaduales para acceder a servicios de salud reproductiva o tratamientos de afirmación de género. Los derechos reproductivos siguen siendo un campo de batalla. Aunque el aborto está prohibido o restringido en 19 estados, siete de los 10 estados donde el tema se sometió a consulta popular en 2024 se pronunciaron a favor de ampliar o proteger el acceso al aborto.
Francia reforzó su protección de los derechos reproductivos al consagrar el derecho al aborto en su Constitución. Esta medida contrasta fuertemente con las luchas incesantes en otros países europeos. En Polonia, que tiene una de las leyes más estrictas sobre el aborto, las iniciativas para despenalizar la asistencia al aborto se frustraron por un escaso margen en el Parlamento, pese a que la nueva coalición de gobierno se había comprometido a una reforma. El cambio progresista tampoco se materializó en Irlanda, donde dos iniciativas para modernizar la Constitución ampliando la definición de familia más allá del matrimonio tradicional y eliminando el lenguaje sexista sobre el papel de la mujer en el hogar fueron ampliamente rechazadas en sendos referendos.
En Francia, el debate se extendió más allá de los derechos reproductivos a raíz de las manifestaciones de septiembre que congregaron a miles de personas en apoyo de la sobreviviente de violación Gisèle Pelicot. El valiente testimonio de Pelicot sobre los horribles abusos que padeció podría servir de catalizador para una reforma legislativa que instituya una definición de violación basada en el consentimiento, como sucedió en Polonia en junio. También en respuesta a sucesos horrendos hubo demandas de justicia en la India, donde la violación y el asesinato de una estudiante de medicina de 31 años desencadenó manifestaciones masivas contra la violencia de género.
La lucha por los derechos reproductivos sigue siendo especialmente difícil en Centroamérica. En Honduras, activistas presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un caso que cuestiona la prohibición total del aborto vigente en el país. En El Salvador, donde rige una legislación igualmente restrictiva, las activistas aguardan con expectación una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esperan allane el camino hacia la legalización del aborto.
En Brasil, donde el aborto solo es legal en caso de violación, malformación del feto o peligro para la vida de la persona gestante, miles de mujeres se movilizaron contra un proyecto de ley que tipificaría el aborto después de la semana 22 como homicidio, punible con penas de 6 a 20 años de prisión. El proyecto, promovido por representantes evangélicos, castigaría con mayor severidad a quienes abortan que a los violadores. La indignación popular mantuvo a raya a la amenaza antiderechos, ralentizando el avance del proyecto.
En Argentina, las manifestaciones del movimiento #NiUnaMenos contra la violencia de género volvieron a las calles en junio. En febrero de 2025, la población argentina volvió a manifestarse contra el discurso homófobo del presidente Javier Milei y mostrar su rechazo a los planes de su gobierno de extrema derecha para eliminar el femicidio como una forma agravada de homicidio del Código Penal.
A pesar de las crecientes restricciones, los movimientos feministas africanos mantuvieron la violencia de género en la agenda pública gracias a una combinación de movilización callejera, incidencia política y campañas digitales. En Kenia, las manifestaciones del movimiento #EndFemicideKE animaron a las sobrevivientes a reclamar justicia y obtuvieron nuevos compromisos del gobierno; sin embargo, la policía las reprimió al igual que lo hizo con las protestas por motivos económicos. En noviembre, las activistas volvieron a reclamar medidas contra el aumento de los femicidios durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero la policía las dispersó con gases lacrimógenos. En Somalia también hubo protestas contra los femicidios.
La lucha mundial para prohibir el matrimonio infantil cosechó éxitos en Colombia y Sierra Leona. En Gambia, gracias a las protestas generalizadas, el activismo logró una importante victoria al conseguir que se rechazara un proyecto de ley que buscaba despenalizar la mutilación genital femenina (MGF), una práctica proscrita en 2015. Actualmente, esta práctica sigue siendo ilegal y se castiga con hasta tres años de cárcel. Este resultado es un buen ejemplo del poder de la acción coordinada de la sociedad civil.
Mientras tanto, en Namibia , el Tribunal Supremo abolió las disposiciones de la época colonial que penalizaban los actos homosexuales entre hombres, a contracorriente de la tendencia regresiva regional en el ámbito de los derechos de las personas LGBTQI+. Aunque la prohibición se aplicaba rara vez, fomentaba la discriminación y la violencia, e impedía que las personas del colectivo accedieran a servicios sanitarios. Sin embargo, este avance suscitó reacciones negativas y, tan solo unos meses después, desembocó en la promulgación de una ley que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En Kenia, donde la homosexualidad sigue estando penalizada, un tribunal dictó una sentencia provisional a raíz de una petición de un grupo de activistas en la que ordenó a los individuos y grupos anti-LGBTQI+ que se abstuvieran de incitar a la violencia contra el colectivo. Esta decisión supuso un alivio temporal frente a los discursos de odio, las campañas de difamación y las amenazas de violencia.
Celebración el 18 de junio de 2024, al convertirse Tailandia en el primer país del sudeste asiático en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Foto de Chanakarn Laosarakham/AFP vía Getty Images.
En el Caribe, el Tribunal Supremo de Dominica derogó una prohibición de la época colonial sobre las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo en respuesta a una demanda de la sociedad civil, tras victorias recientes similares en Antigua y Barbuda, Barbados y San Cristóbal y Nieves. Como en otros lugares, los activistas reconocieron que el cambio legal es solo un paso en un camino mucho más largo, y siguen trabajando para cambiar las actitudes y los comportamientos dentro de la sociedad, al tiempo que presionan para conseguir cambios similares en los cinco Estados caribeños de la Commonwealth que aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
Entre ellos se encuentra San Vicente y las Granadinas , donde años de activismo culminaron en una decepción: el Tribunal Supremo rechazó un recurso y mantuvo la penalización. En las Islas Turcas y Caicos, activistas también ha interpuesto un recurso contra la legislación discriminatoria hacia las personas LGBTQI+, solicitando la igualdad de derechos con las parejas casadas.
Incluso en los entornos más represivos, las activistas encuentran formas de resistir. Las mujeres afganas e iraníes siguen movilizándose para que el apartheid de género sea reconocido como un delito en el derecho internacional, a fin de facilitar la rendición de cuentas y los procesos de reparación. A nivel nacional, las activistas han recurrido a formas más sutiles de desobediencia civil para mantener la presión sin poner en peligro sus vidas.
Con acciones en varios continentes, los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género fueron la culminación de un año de iniciativas feministas promovidas desde las bases. Asimismo, los eventos del Orgullo celebrados en todo el mundo fueron un ejemplo de resistencia frente a la reacción. Mediante estos eventos, y pese a que en algunos casos hubo restricciones al derecho de reunión y violencia procedente de grupos antiderechos, el activismo mantuvo la visibilidad del colectivo LGBTQI+ y se mostró desafiante ante los intentos de negar a las personas LGBTQI+ el derecho a existir en público. Los actos del Orgullo tuvieron un carácter festivo, pero también una fuerte dimensión reivindicativa: los participantes celebraron victorias trabajosamente conseguidas, mostraron unidad y determinación frente a la adversidad y expresaron solidaridad con quienes, en entornos más restrictivos, son privados de la posibilidad de movilizarse.
La magnitud de los desafíos es desalentadora, pero hay motivos para la esperanza. Junto con las victorias y las derrotas, 2024 también nos ha dejado valiosas enseñanzas, entre ellas que el progreso no es lineal ni inevitable, y que requiere una vigilancia constante, incluso en contextos aparentemente progresistas. Numerosos cambios en el panorama político pusieron en cuestión muchos derechos legalmente reconocidos. En este sentido, activistas de Dominica, Grecia y de otros países destacaron que quedó patente que los cambios legislativos deben ir acompañados de una transformación social mucho más laboriosa para lograr un impacto duradero.
Una manifestante sostiene un cartel que dice “La vergüenza cambia de bando” en apoyo de la sobreviviente de violación Gisèle Pelicot frente a un juzgado de Aviñón, Francia, 23 de noviembre de 2024. Foto de Manon Cruz/Reuters vía Gallo Images.
La importancia de la interseccionalidad se hizo especialmente evidente en las victorias del año. En Tailandia, el éxito de la campaña a favor del matrimonio igualitario se debió, al menos en parte, a su confluencia con el joven movimiento democrático del país. En Irán, las mujeres y las personas LGBTQI+, dos grupos perseguidos y reprimidos por el régimen teocrático, también están en la primera línea de la lucha por la liberación.
La solidaridad internacional sigue siendo crucial, sobre todo para apoyar a activistas en los entornos más represivos. Sin embargo, la creciente interconexión y sofisticación de los movimientos antiderechos, tanto en el ámbito nacional como internacional, implica que los defensores de los derechos también deben reforzar sus redes y estrategias transnacionales.
De cara al futuro, el principal desafío sigue siendo apoyar y fortalecer los movimientos para hacer frente a la reacción y, al mismo tiempo, proteger los logros conseguidos con tanto esfuerzo. Las experiencias de 2024 demuestran que, incluso frente a una fuerte represión y una oposición organizada, la sociedad civil puede lograr avances significativos mediante la creatividad, la perseverancia y la adaptación de sus estrategias.