ECONOMÍA: LA ERA DE LA PRECARIEDAD Y LA DESIGUALDAD
- La desigualdad económica sigue aumentando de forma desenfrenada y la lucha mundial contra la pobreza se estanca mientras los multimillonarios siguen aumentando su riqueza e intentan capturar el Estado.
- La exclusión económica alimenta la inestabilidad política y la movilización, que es con frecuencia liderada por jóvenes y reprimida con violencia por las autoridades.
- La sociedad civil aboga por soluciones tangibles tales como impuestos a las grandes fortunas, reformas de las instituciones financieras internacionales y programas de renta básica universal.
Múltiples factores alimentan la indignación por la situación económica que impulsa procesos políticos tales como el ascenso del populismo y el rechazo a los oficialismos.
En las últimas décadas se redujo en todo el mundo la cantidad de personas que viven en situación de pobreza extrema, en parte gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, pero desde la pandemia de COVID-19 los progresos se han estancado. Además de los efectos de la pandemia, las consecuencias de los conflictos y el agravamiento de los efectos del cambio climático también han puesto las economías a prueba. Buen ejemplo de esto fue la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia, que provocó un aumento vertiginoso de los precios de la energía.
Aunque las hostilidades en Ucrania cesaran, la reconfiguración internacional, la impunidad y la imprevisibilidad de Estados Unidos podrían desembocar en nuevos conflictos. Por otro lado, las condiciones meteorológicas extremas ―más probables y frecuentes debido al cambio climático― están perturbando la agricultura y haciendo subir los precios de los alimentos cuando las cosechas son malas. Así las cosas, es probable que la inflación alimentaria se agrave a medida que se incumplen los objetivos climáticos, y que los precios elevados de los alimentos y la energía se vuelvan permanentes.
Años de ortodoxia económica neoliberal promovida por las élites políticas han a menudo erosionado y encarecido los servicios públicos. La reducción del desempleo en todo el mundo oculta altas tasas de trabajo informal e impotencia laboral. Esto sucede especialmente en la floreciente economía bajo demanda, donde los trabajadores de los países de bajos ingresos y los jóvenes de todo el mundo se llevan la peor parte. En todo el mundo, los jóvenes acaban los estudios universitarios, pero tienen pocas perspectivas y es probable que tengan que luchar durante años para salir adelante. Por si fuera poco, el aumento de la automatización gracias al uso creciente de la IA podría reducir aún más las oportunidades laborales. Además, la escalada de los precios está provocando una crisis inmobiliaria debido a una fuerte escasez de viviendas accessibles. En muchos países, es posible que los jóvenes nunca puedan ser propietarios y que tengan que destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler.
Todo esto se suma a una era marcada por la precariedad económica. En todo el mundo, muchas personas se ven obligadas a utilizar todos sus recursos para llegar a fin de mes y las cosas no han hecho más que complicarse en los últimos años. El encarecimiento de los alimentos y los combustibles hace que el dinero alcance para menos, reduciendo la calidad de vida de las personas. Shocks económicos pequeños pueden tener grandes repercusiones. Incluso cuando los indicadores económicos señalan que todo va bien, como en Estados Unidos, cuando la gente hace la compra muchas veces percibe otra cosa; de hecho, esta fue una de las razones de la victoria de Trump.
Las protestas callejeras son una respuesta recurrente a la intensificación de la presión económica. El año 2024 confirmó que tanto el alza de los productos básicos como la imposición de nuevos impuestos a personas en situaciones difíciles suscitan manifestaciones de forma sistemática. Además, los movimientos de protesta a menudo no se limitan a los motivos que los impulsaron y también reclaman la redistribución del poder político y económico.
Protesta contra las dificultades económicas, el hambre y la inseguridad durante la celebración del Día de la Independencia en Lagos, Nigeria, 1 de octubre de 2024. Foto de Akintunde Akinleye/Reuters vía Gallo Images.
En varios países africanos, ese año hubo una oleada de protestas lideradas por manifestantes de la Generación Z. Comenzó en Kenia, desencadenada por un programa para aumentar numerosos impuestos. Rápidamente las autoridades dieron marcha atrás, pero las protestas continuaron. A continuación, el fenómeno se propago a países como Ghana, Nigeria y Uganda, todos ellos con una ingente población juvenil que padece dificultades económicas y carece de oportunidades.
Debido a que las protestas por el costo de la vida suelen acabar formulando demandas más amplias sobre el reparto del poder económico y político, los Estados a menudo las reprimen con violencia. En Kenia surgió una tendencia inquietante: a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes se le sumaron los secuestros de jóvenes activistas por personas armadas vestidas de civil, sospechosas de ser agentes del Estado. En otros países, las autoridades también han respondido con mano dura, como en Nigeria, donde las fuerzas de seguridad recurrieron a la violencia letal.
La indignación por motivos económicos también provocó protestas en otros lugares. En mayo, en la región de Cachemira controlada por Pakistán, el encarecimiento de los alimentos, los combustibles y los servicios públicos desencadenó manifestaciones que pronto derivaron en violencia. En Bolivia, miles de partidarios del expresidente Evo Morales marcharon por las calles de La Paz, la capital, en enero de 2025, en medio de una crisis provocada por la inflación y la escasez de divisas y de combustible. El país está polarizado y es probable que las protestas se repitan de cara a las elecciones de 2025. En el Caribe, en las islas francesas de Guadalupe y Martinica, también se vivieron protestas en 2024, algunas de ellas violentas, motivadas por la subida del precio de los alimentos a las que se sumó la indignación contra el colonialismo. No cabe duda de que los costos elevados y las subidas de impuestos provocarán nuevas manifestaciones en 2025 y que es probable que los países con un espacio cívico limitado las repriman con violencia.
En este contexto, es frecuente que las instituciones mundiales agraven los problemas. A menudo las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder préstamos suscitan la indignación popular. Por ejemplo, en Kenia, las subidas de impuestos que desataron las protestas formaban parte de un paquete de medidas impuesto por el FMI que también incluía recortes del gasto público y políticas de privatización. En Nigeria, el presidente Bola Tinubu siguió las recomendaciones del Banco Mundial y, en su primer día en el cargo, puso fin a las subvenciones a los combustibles y posteriormente devaluó la moneda, encareciendo los productos importados y creando las condiciones para las protestas.
Elon Musk habla durante el desfile inaugural de Donald Trump en Washington D. C., Estados Unidos, 20 de enero de 2025. Foto de Angela Weiss/AFP vía Getty Images.
Pero la situación no es la misma para todos. La brecha entre los superricos y el resto de la población sigue aumentando. En 2024, los 2.769 milmillonarios de todo mundo aumentaron su riqueza en dos billones de dólares, el equivalente a unos 5.700 millones de dólares al día. En la última década, el 1% más rico del mundo ha incrementado su patrimonio en 42 billones de dólares. Cinco años después del inicio de la pandemia, la tendencia que ya se había detectado no ha hecho más que agravarse: los ultrarricos se enriquecen mientras que todos los demás pasan apuros. Estas personas perpetuarán su poder transmitiendo grandes fortunas a sus herederos; de hecho, en la actualidad, el 36% de la riqueza de los multimillonarios ya procede de herencias.
Además, esta clase superrica se está implicando en la política como nunca antes. Las élites ultrarricas siempre han aprovechado su influencia en beneficio propio para condicionar la política fiscal, la regulación empresarial y los derechos laborales. De hecho, durante mucho, la existencia de una oligarquía poderosa ha sido una característica de los Estados menos democráticos. Es por ello, que el hecho de que Trump haya formado un gabinete con un número sin precedentes de multimillonarios hace temer que Estados Unidos también se esté convirtiendo en una oligarquía. Como consecuencia, las políticas estadounidenses que tienen implicaciones globales serán diseñadas por personas que no tienen ni idea de lo que se siente al ser pobre y vulnerable, pero que sí que saben cómo proteger y aumentar su riqueza. Por estas razones, la oligarquía, dondequiera que exista, erosiona la democracia y los derechos humanos.
Las numerosas empresas que han modificado sus políticas para adaptarse al gobierno de Donald Trump, incluso abandonando las iniciativas federales para la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) después de que él pusiera fin a esos programas, demuestran que el sector privado está dispuesto a transigir cuando la rentabilidad está en juego. Del mismo modo, durante las elecciones cruciales que se celebraron en Francia, los líderes empresariales expresaron abiertamente su preferencia por la Agrupación Nacional antes que por la coalición de izquierda. En la India, los industriales multimillonarios Gautam Adani y Mukesh Ambani han ampliado espectacularmente sus imperios empresariales y consolidado un control sin precedentes sobre sectores económicos estratégicos bajo el mandato de Narendra Modi, con quien tienen vínculos estrechos. Como se puede ver, el fascismo y las grandes empresas pueden coexistir sin problemas.
La desigualdad también se reproduce en el seno de las principales instituciones internacionales. El FMI y el Banco Mundial siguen dominados por los intereses del norte global, con estructuras de gobierno que no han cambiado desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo económico que imponen a los países del sur global es un reflejo de ello, ya que grava de forma desproporcionada a los más vulnerables y profundiza las desigualdades económicas. Por esta razón, las propuestas de la sociedad civil para reformar estas instituciones deben considerarse seriamente.
Las cosas tienen que cambiar. Gracias a largos años de investigación, análisis e incidencia de la sociedad civil hoy tenemos varias ideas para lograrlo, entre ellas, propuestas para reformar las instituciones financieras internacionales e implementar una renta básica universal. Mientras tanto, la idea de una la semana laboral de cuatro días, promovida por la sociedad civil para restablecer un equilibrio sano entre la vida laboral y personal, sigue ganando adeptos. Para enero de 2025, 200 empresas del Reino Unido habían adoptado de forma permanente la semana laboral de cuatro días, beneficiando a unos 5.000 empleados. Los datos que se obtuvieron confirmaron que no hubo una bajada de la productividad. También se está observando que los trabajadores más jóvenes exigen cada vez más derechos laborales, así como semanas de trabajo más cortas y mayor flexibilidad para trabajar a distancia, cuando las condiciones del mercado laboral se lo permiten.
Pero es difícil lograr avances sin enfrentarse a la creciente y abismal brecha entre los ultrarricos y el resto de la población. Si la economía mundial beneficia únicamente a una pequeña minoría, es de justicia aplicar medidas de redistribución de recursos.
Hay que tomarse en serio las propuestas de impuestos sobre el patrimonio y sobre las ganancias extraordinarias, como las de las empresas energéticas que, sin buscarlos, obtuvieron beneficios récord como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Los impuestos sobre el patrimonio por sí solos podrían generar más de 2,1 billones de dólares al año, mientras que los impuestos sobre sucesiones podrían contribuir a atajar la perpetuación del poder económico de las élites y de las desigualdades que persisten durante generaciones. El G20, el club de las principales economías del mundo, no es un foro al que la sociedad civil suela acudir en busca de medidas progresistas; pese a esto, logró algunos avances durante la cumbre celebrada en Brasil, en 2024, cuando los líderes acordaron que era necesario aplicar impuestos a las grandes fortunas.
Por otra parte, los déficits fiscales también suponen un enorme problema a nivel mundial: cada año se pierden 492.000 millones de dólares debido a las lagunas jurídicas que ofrecen los paraísos fiscales y que aprovechan empresas y particulares. A esto se suma el hecho de que las ventajas fiscales suelen aumentar en los países dominados por oligarcas. Afortunadamente, ahora que el G20 ha empezado a reconocer el problema, es el momento oportuno para impulsar las reformas. Además, la ONU está desarrollando actualmente un prometedor tratado fiscal mundial que debería acordarse para 2027 y que permitiría reforzar la cooperación internacional para recuperar los impuestos que escapan a las arcas públicas.
La consecución de un tratado sólido y la introducción de impuestos a la riqueza deben ser los objetivos prioritarios de incidencia de la sociedad civil en 2025, comenzando por la inminente Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, y en los años venideros. Los recursos que se recuperen deberían usarse para construir un mundo más justo y equitativo.