DERECHOS MIGRANTES: HUMANIDAD VERSUS HOSTILIDAD
- El número de personas desplazadas ha batido un nuevo récord; la mayoría de los refugiados son acogidos por países del sur global.
- A pesar de que reciben menos inmigrantes, los Estados del norte global adoptan políticas cada vez más restrictivas, impulsadas por un giro hacia la derecha.
- La sociedad civil sigue defendiendo los derechos de las personas migrantes pese a la creciente criminalización de su labor humanitaria.
Las mismas fuerzas regresivas que atacan los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ también persiguen a migrantes y refugiados. Sus posiciones en cuanto a estos últimos están encontrando una gran acogida aún mayor entre muchos gobiernos. El aumento de la hostilidad política implica que la sociedad civil enfrenta desafíos cada vez mayores para proteger los derechos de las personas migrantes. La situación se está volviendo especialmente difícil en América del Norte y la UE, dos grandes rutas migratorias en las que se ha consolidado la preocupante tendencia a priorizar el control de las fronteras por encima de los derechos humanos.
Las políticas antinmigración no quieren reconocer el hecho incontestable de que hay más personas en movimiento que nunca. Cada año se supera el récord en el número de migrantes y refugiados, y 2024 no será una excepción. Se calcula que actualmente hay 123 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, de los cuales 75,9 millones son desplazados internos. Solamente el conflicto de Sudán ha provocado casi 11 millones de desplazamientos internos, la cifra más alta jamás registrada en un solo país. Muchos de ellas huyen a los vecinos Chad y Sudán del Sur, que enfrentan sus propias crisis humanitarias.
Fila de personas esperando para entregarse a las autoridades estadounidenses tras cruzar el Río Grande desde México, 7 de marzo de 2024. Foto de David Peinado/Anadolu vía Getty Images.
A los millones que han huido de Ucrania, se le suman los dos millones de personas que se han convertido en desplazados internos en la RDC, una cifra similar a la registrada en Gaza y el Líbano. En las Américas continúa uno de los mayores movimientos migratorios contemporáneos. Se estima que unos ocho millones de venezolanos han huido del país desde 2015, el mayor desplazamiento forzado que no haya sido provocado por una guerra.
El actual aumento de la migración se debe a una compleja interacción de factores: conflictos, persecución política, violaciones de derechos humanos, dificultades económicas y desastres climáticos. Pese a esto, el rechazo político hacia las personas obligadas a desplazarse no suele abordar las causas.
Los marcos actuales para entender la migración, en particular la distinción artificial entre migración voluntaria y desplazamiento forzoso, resultan cada vez más obsoletos y no reflejan la compleja realidad de los desplazamientos, ya que la necesidad económica puede ser tan coercitiva como la persecución directa. Además, la realidad también desmiente los prejuicios: al contrario de lo que afirman quienes se oponen a la inmigración, la mayor parte de las migraciones se produce entre países del sur global, y no del sur al norte. De hecho, al menos el 71% de los refugiados internacionales del mundo son acogidos en países del sur global y el 69% permanece en países vecinos a los suyos.
En Estados Unidos, las políticas migratorias se han vuelto progresivamente más restrictivas. Durante el primer gobierno de Donald Trump, el país aplicó una política de disuasión caracterizada por la separación de familias, la construcción de unos 130 kilómetros de nuevas barreras fronterizas con México con fines propagandísticos, y la aplicación de la política Permanecer en México, que obligaba a las personas solicitantes de asilo a esperar en ese país hasta la resolución de sus casos ante los tribunales de inmigración estadounidenses. Estas políticas fueron ampliamente condenadas las organizaciones de derechos humanos. Posteriormente, el gobierno de Biden aplicó una estrategia mixta, combinando medidas humanitarias y restrictivas: si bien revocó algunas de las medidas restrictivas de su predecesor, también aplicó normas de asilo más estrictas y aumentó las expulsiones bajo el Título 42, una política adoptada durante la pandemia para expulsar rápidamente de las fronteras estadounidenses a las personas migrantes.
La Patrulla Fronteriza estadounidense informó de más de 2,1 millones de contactos en la frontera con México durante el año fiscal 2024, una disminución respecto a los 2,5 millones de 2023. Esta cifra se atribuyó a un nuevo enfoque basado en la restricción del derecho de asilo para quienes cruzaban la frontera de forma irregular y la ampliación de las vías legales de inmigración. Sin embargo, esto cambió el primer día del segundo mandato de Trump con una cascada de decretos que declararon una “emergencia nacional” en la frontera sur del país, autorizaron el despliegue de militares, cancelaron la aplicación móvil para procesar solicitudes, suspendieron todas las entradas al territorio mediante una declaración de “invasión” y disolvieron el grupo de trabajo de reunificación familiar que aún se esforzaba por reunir a las familias que habían sido separadas durante el primer mandato de Trump.
Marcha de protesta contra las redadas contra inmigrantes en Nueva York, Estados Unidos, 13 de febrero de 2025. Foto de Mostafa Bassim/Anadolu vía Getty Images.
El día de su toma de posesión, Trump ordenó a las autoridades migratorias que detuvieran a “tantas personas como permitiera la ley” y poco después comenzaron las redadas, amparadas en la promesa de implementar el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Este nuevo enfoque, que vincula la inmigración ilegal con la delincuencia y habla de una invasión que remite a la teoría conspirativa del “gran reemplazo”, generó una gran preocupación ante el riesgo de que aumentara la violencia contra las personas migrantes.
En Europa, el auge de las políticas populistas de derecha ha llevado a priorizar el control de las fronteras por encima de los derechos humanos. Una reunión de líderes europeos de extrema derecha celebrada en Madrid en febrero de 2025 evidenció el aumento del sentimiento antiinmigración. En representación del grupo Patriotas por Europa, que cuenta con 86 escaños en el Parlamento Europeo, líderes de extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el español Santiago Abascal se posicionaron explícitamente en contra de lo que denominan “políticas de inmigración de puertas abiertas”. Afirman que la inmigración desestabiliza las naciones y amenaza la identidad y la cultura europeas. Esta coalición obtuvo más de 19 millones de votos en las elecciones al Parlamento Europeo.
Incluso cuando disminuía el número de personas que ingresaban en la UE, la respuesta de la Comisión Europea a la creciente presión política fue desarrollar el Pacto de Migración, un amplio paquete legislativo destinado a facilitar las expulsiones y permitir a los Estados miembros cerrar sus fronteras por motivos de seguridad. La estrategia de la UE ha priorizado cada vez más la disuasión y ha externalizado el control de las fronteras a Estados no europeos, como demuestran los controvertidos acuerdos con los gobiernos autoritarios de Egipto y Túnez. A través de estos pactos, la UE proporciona importantes fondos a cambio de medidas reforzadas para impedir la llegada de personas migrantes a Europa. Estos acuerdos son similares a los firmados con Turquía en 2016, que permitieron nuevas violaciones de derechos humanos. Todas estas medidas han provocado muertes evitables en las fronteras de la UE y han erosionado la credibilidad de la UE, que pretende erigirse en defensora de los derechos humanos y aliada de la sociedad civil.
Protesta en Shëngjin, Albania, contra el acuerdo de procesamiento de migrantes entre Italia y Albania mientras arriba un buque de la Marina italiana con solicitantes de asilo, 16 de octubre de 2024. Foto de Florion Goga/Reuters vía Gallo Images.
En 2024, algunos Estados de la UE adoptaron medidas similares a la política impulsada previamente por el Reino Unido, donde el anterior gobierno intentó trasladar a las personas solicitantes de asilo a Ruanda para que gestionaran sus solicitudes desde allí. El nuevo gobierno descarto ese plan, aunque argumentó razones de costo y eficiencia, mientras que los discursos hostiles continuaron.
El gobierno de derecha de Italia acordó externalizar la gestión de las solicitudes de asilo y retorno a Albania, autorizando el traslado de las personas migrantes rescatadas por embarcaciones italianas en aguas internacionales a nuevos centros de detención en territorio albanés financiados y administrados por Italia. Esta política buscaba generar un efecto disuasorio y, aunque en un principio fue bloqueada por la acción judicial de la sociedad civil, finalmente se reanudó. No obstante, los centros de detención permanecen vacíos tras una nueva sentencia judicial que ordenó al gobierno devolver a Italia a las personas allí retenidas. Pese a estos contratiempos, la primera ministra italiana Giorgia Meloni sigue consolidándose como una figura influyente en la UE, y la Comisión Europea respalda la posición de su gobierno en un caso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la política.
En los Países Bajos también se ha presentado un plan de externalización. El Partido por la Libertad ha propuesto enviar a Uganda a los solicitantes de asilo rechazados a cambio de ayuda económica para el país. Los grupos de defensa de derechos rechazan esta renuncia a las obligaciones de protección del Estado y subrayan el problemático historial de Uganda en materia de derechos humanos, así como sus leyes contra el colectivo LGBTQI+.
Alemania modificó su política de exención de pasaportes dentro del espacio Schengen y aumentó los controles fronterizos. Grupos de la sociedad civil advierten de que estas medidas supuestamente temporales podrían volverse permanentes y servir de precedente para que otros países europeos adopten estrategias similares. Estos cambios políticos reflejan el ascenso de la extrema derecha, que ha llevado a varios estados alemanes a promover medidas cada vez más estrictas, entre ellas la implementación de normas de expulsión más duras, la reducción de prestaciones sociales, mayores restricciones a la reagrupación familiar y la ampliación de las competencias para la aplicación de las leyes de inmigración.
En muchas de las elecciones de 2024, diversas figuras políticas manipularon cínicamente la preocupación por la inmigración y exacerbaron las tensiones deliberadamente. La inmigración fue un tema crucial en varias campañas electorales, en las que los partidos de derecha y, cada vez más, los de centro adoptaron posturas intransigentes.
Esta instrumentalización suele implicar el uso de información falsa o engañosa sobre las personas inmigrantes, exagerando la magnitud de la inmigración y vinculándola con la delincuencia y otros problemas sociales, un discurso que deshumaniza a las personas inmigrantes y fomenta un clima de miedo y hostilidad.
En el Reino Unido, la inmigración fue un tema dominante en el periodo previo a las elecciones de julio. El gobierno conservador se enfrentó una presión constante provocada por el número de cruces irregulares del Canal de la Mancha. Tras su victoria, el Partido Laborista adoptó un tono más agresivo, mientras que el partido populista de derecha Reform UK ha hecho de la inmigración su tema central y ahora lidera algunas encuestas. Como se puede ver, en materia de inmigración, el debate político se ha escorado a la derecha.
En las elecciones al Parlamento Europeo, los partidos de extrema derecha que se presentaban con programas explícitamente antiinmigración lograron avances considerables. Destacaron la importante victoria de la Agrupación Nacional en Francia, el mejor resultado de la historia de AfD en Alemania y el 28% de votos obtenidos por Hermanos de Italia, el partido de Meloni. A contracorriente de esta tendencia, los partidos de extrema derecha antiinmigración obtuvieron peores resultados en los países nórdicos. Si bien estuvieron en auge hace solo unos años, fueron superados por los partidos de izquierda, en parte porque los partidos de extrema derecha ya habían estado en el gobierno en varios países y algunos votantes estaban desencantados con ellos.
Manifestación en Brighton, Reino Unido, en solidaridad con migrantes y refugiados y en respuesta a manifestaciones contra la inmigración, 8 de agosto de 2024. Foto de Toby Melville/Reuters vía Gallo Images.
Es probable que el aumento de la representación de los partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo tenga un impacto significativo en la política migratoria de la UE, ya que estos grupos presionan para que se apliquen controles fronterizos más estrictos, se reduzca la inmigración y se prioricen intereses soberanistas.
La inmigración fue, sin duda, uno de los temas más polémicos y decisivos de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. La cuestión de la frontera entre Estados Unidos y México atrajo la atención de los dos principales partidos políticos y se entrelazó con otras cuestiones importantes de la campaña, como la seguridad pública, la política económica y la seguridad nacional. La victoria de Trump sugiere que ganó el debate sobre estos temas. Mientras tanto, la sociedad civil advirtió en todo momento que la politización de la inmigración solo agravaría el sufrimiento y aumentaría el número de muertes entre quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos.
La politización de la inmigración no se limita al norte global y así lo demostraron los discursos populistas antiinmigración antes de las elecciones en Túnez. En la República Dominicana, la inmigración haitiana también fue un tema clave durante la campaña de las elecciones presidenciales de mayo, durante la cual la mayoría de los candidatos buscaron rédito político explotando los prejuicios racistas de la sociedad dominicana. De esta manera, legitimaron aún más la violación sistemática de los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes nacidos en la República Dominicana, a muchos de los cuales se les niega la ciudadanía. En la India, en vísperas de las elecciones a la Asamblea Legislativa de Delhi de febrero de 2025, los dos principales partidos de la asamblea compitieron por ver cuál podía mostrarse más hostil hacia los inmigrantes bangladesíes.
La sociedad civil desempeña una labor esencial en la defensa de los derechos de las personas migrantes en un contexto marcado por una hostilidad política creciente y la intensificación de políticas restrictivas. Sus miembros llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el mar, ofrecen ayuda humanitaria, documentan violaciones de derechos, facilitan la integración en las comunidades de acogida, exigen cambios políticos y desarrollan actividades de educación y sensibilización contra la xenofobia y la discriminación. Pese a esto, activistas y organizaciones que asisten a personas inmigrantes y refugiadas enfrentan consecuencias legales con mayor frecuencia.
La criminalización de la solidaridad es particularmente flagrante en el sur de Europa. Los grupos humanitarios que llevan a cabo misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, donde más de 2200 personas migrantes murieron ahogadas en 2024, están bajo fuerte presión de gobiernos que consideran que sus operaciones socavan sus políticas fronterizas.
En 2023, Italia declaró ilegal que las organizaciones de búsqueda y rescate realizaran más de un rescate por viaje y estableció que, en caso de incumplimiento, se les impondrían fuertes multas y se incautarían sus embarcaciones. No es raro que las autoridades italianas desvíen las embarcaciones de rescate a puertos lejanos, obligándolas a recorrer largas distancias para desembarcar a los supervivientes, y emitan órdenes de detención basadas en acusaciones dudosas sobre la violación de la seguridad marítima. Por ejemplo, en agosto emitieron una orden de detención de 60 días contra el buque Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras, por supuestamente poner en peligro la vida de personas, basándose en información de la Guardia Costera libia. En diciembre, SOS Méditerranée se vio obligada a recorrer más de 1600 kilómetros para poner a salvo a 162 supervivientes, después de que las autoridades ignoraran sus peticiones para desembarcar en un puerto más cercano. Estas acciones lograron su objetivo y redujeron el número de embarcaciones activas, lo que provocó un aumento de las muertes.
En diciembre, el Consejo Europeo elaboró un texto sobre nuevas normas de la UE en materia de tráfico ilícito de migrantes que será examinado por el Parlamento Europeo. Las voces críticas advierten que estas normas podrían criminalizar aún más a las personas migrantes y a quienes se solidarizan con ellas.
Estas problemáticas también existen fuera de Europa. En Túnez, en el contexto de la politización de la hostilidad, quienes defienden los derechos de las personas migrantes africanas negras enfrentan una creciente criminalización. De hecho, el presidente Kaïs Saied los ha acusado de traidores y mercenarios que reciben financiación extranjera para ayudar a las personas migrantes a instalarse en el país. Estas acusaciones suelen conducir a la imputación de cargos penales, procesos judiciales y arrestos.
A pesar de los crecientes obstáculos, la sociedad civil sigue comprometida con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Si bien reconocen las preocupaciones económicas y sociales que explotan los populistas de derecha, los activistas abogan por políticas sociales nacionales que respeten los derechos humanos y por una cooperación internacional que se centre en las causas profundas de las migraciones, en vez de castigar a las personas migrantes. También insisten en la necesidad de abandonar las políticas basadas en el miedo y adoptar soluciones integrales que defiendan la dignidad humana al tiempo que examinan los factores complejos que empujan a las personas a desplazarse.