PANORAMA: RESISTENCIA A CONTRACORRIENTE
Vivimos en una época de profunda agitación mundial, pero también de una resistencia creciente, en la que muchas personas de todo el mundo plantan cara a los poderes que no rinden cuentas. Lejos de ceder ante las dificultades de estos tiempos, la sociedad civil se mantiene firme y sigue defendiendo la dignidad, la justicia y la esperanza.
Los Estados poderosos intentan reorganizar el mundo en esferas de influencia, coaccionando a los demás para que se sometan y vulnerando las normas internacionales en el proceso. El orden mundial está sucumbiendo ante un ataque deliberado. Varios Estados están abandonando y retirando su apoyo financiero a instituciones diseñadas para garantizar la rendición de cuentas, entre ellas la Corte Penal Internacional (CPI) y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), fragmentando así el sistema internacional en un mosaico en el que prospera la impunidad. La campaña orquestada contra la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, quien ha sido objeto de amenazas y difamación por parte de Israel y Estados Unidos simplemente por cumplir con su labor de informar sobre las violaciones de los derechos humanos en Gaza, evidencia hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos para silenciar a quienes les exigen responsabilidades.
La impunidad se está convirtiendo en algo habitual en los conflictos y está dejando a millones de personas expuestas al peligro y la miseria. Israel y Rusia figuran entre los Estados que vulneran el derecho internacional humanitario, asesinan deliberadamente a civiles y atacan a periodistas y a la sociedad civil. En Sudán, las atrocidades persisten ante la indiferencia internacional. Los recientes ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán se están cobrando la vida de civiles. Lanzados sin respetar el derecho internacional, estos ataques conllevan el riesgo de desatar un conflicto regional de mayor envergadura.
Los Estados con influencia están optando por cerrar los ojos ante las violaciones de los derechos humanos, centrándose exclusivamente en sus propios intereses materiales. Cuando intervienen, lo hacen cada vez más en el marco de acuerdos transaccionales que buscan ventajas económicas y estratégicas, como el acceso a minerales y combustibles fósiles, mientras pasan por alto las atrocidades y las causas profundas de los conflictos.
Muchos Estados están anteponiendo el poder militar a la diplomacia. El aumento vertiginoso del gasto militar, a menudo a expensas de la ayuda internacional, está alimentando una peligrosa carrera armamentística y avivando los temores de una proliferación nuclear. Las empresas armamentísticas están desarrollando armas cada vez más letales bajo una escasa supervisión y en ausencia de un liderazgo político que las frene. Si a esto se suma la impunidad y la erosión de las normas internacionales, el resultado es una receta perfecta para la escalada bélica.
Un eje de poder que no rinde cuentas está mostrando su fuerza a medida que convergen las élites militares, políticas, económicas y tecnológicas. Los oligarcas tecnológicos se están alineando con líderes autoritarios, nacionalistas y populistas, e incluso con ideólogos más extremistas. Se están valiendo del vasto alcance de sus plataformas para difundir odio, desinformación y teorías conspirativas, al tiempo que desafían las iniciativas de regulación. En la actualidad, se libra, bajo una escasa supervisión, una batalla por la supremacía en el ámbito de la inteligencia artificial que está alimentando el odio en internet y facilitando el establecimiento de los regímenes de vigilancia más intrusivos de la historia de la humanidad. Mientras tanto, los Estados flexibilizan las regulaciones por temor a perder sus ventajas económicas y estratégicas. Además, las empresas tecnológicas se están integrando cada vez más en las fuerzas militares, poniendo su código y sus datos al servicio de la muerte y la destrucción automatizadas.
La lucha mundial por los materiales necesarios para impulsar las nuevas tecnologías está reconfigurando las alianzas geopolíticas, alimentando los conflictos e impulsando relaciones extractivas que benefician a los Estados poderosos en detrimento de las comunidades de los países del Sur global ricos en recursos.
Mientras las economías fallan a miles de millones de personas, las élites económicas y políticas amasan una riqueza inimaginable y cosechan los frutos de la corrupción. La industria de los combustibles fósiles está postergando deliberadamente la acción climática porque con cada día de retraso aumentan sus beneficios, a costa de un sufrimiento humano cada vez mayor. Los Estados y las empresas están atacando a quienes defienden el medio ambiente y reclaman medidas urgentes contra el cambio climático. La regresión democrática está impulsando y acelerando estas tendencias. Los líderes autoritarios están desmantelando las salvaguardias democráticas, los regímenes militares se están consolidando, los partidos gobernantes están manipulando los procesos electorales para afianzar su poder y las fuerzas populistas están arremetiendo contra los derechos.
Las crisis interrelacionadas actuales afectan con mayor dureza a quienes ya disfrutaban de menos derechos. Las mujeres, las personas LGBTQI+, los refugiados y las personas migrantes, junto con la sociedad civil que los apoya, se están llevando la peor parte de esta ofensiva, a medida que se endurecen las restricciones del espacio cívico y se desmorona la financiación que los sustenta. La retirada del respaldo financiero está desmantelando la arquitectura humanitaria y, lejos de ser una perturbación coyuntural, supone un cambio estructural duradero.
Pero esto no es todo. Los acontecimientos recientes demuestran que muchas personas están optando por la valentía frente a la sumisión. Están mirando a los poderosos a los ojos y negándose a permanecer en silencio. La resistencia está aumentando allí donde las fuerzas regresivas y antiderechos intentan intimidar a la población para someterla.
Si bien la resistencia global posee un carácter heterogéneo, condicionado por dinámicas locales, las protestas callejeras son su manifestación más visible. Muchos de los que salen a las calles son novatos en el activismo que se sienten movidos a alzar la voz ante injusticias demasiado grandes como para ignorarlas. Se niegan a permanecer en silencio ante el genocidio perpetrado por Israel en Gaza o a quedarse de brazos cruzados mientras los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) maltratan a sus vecinos. En Estados Unidos, la extraordinaria respuesta al autoritarismo de Donald Trump transformó las protestas “No Kings” en una de las mayores movilizaciones masivas de la historia del país.
Manifestantes piden al gobierno que tome medidas para detener el genocidio en Gaza en Ámsterdam, Países Bajos, el 5 de octubre de 2025. Foto de Koen van Weel/ANP/AFP
La gente pasa a la acción incluso cuando sabe que puede resultar peligroso. En Irán, durante las protestas de diciembre, la población volvió a las calles a sabiendas de que el Estado respondería con una violencia extrema.
En un país tras otro, la generación Z se está movilizando por primera vez. La frustración acumulada por los fracasos económicos y políticos se está expresando a través de protestas masivas por cuestiones críticas, como la escasez crónica de agua y electricidad en Madagascar, la prohibición de las redes sociales en Nepal o los proyectos de control de inundaciones arruinados por la corrupción en Filipinas. En algunos casos, los movimientos liderados por la generación Z han forzado la dimisión de gobiernos desconectados de la realidad. Por ejemplo, en febrero de 2026, Bangladesh celebró sus primeras elecciones creíbles en casi dos décadas, después de que un levantamiento liderado por la generación Z expulsara en 2024 a un gobierno autoritario que se había atrincherado en el poder. Incluso donde no se han producido cambios inmediatos, algo nuevo ha echado raíces. Los miembros de una nueva generación están aprendiendo los unos de los otros, creando conexiones a través de las fronteras y desarrollando habilidades de liderazgo esenciales para un compromiso activista a largo plazo.
Más allá de las calles, la resistencia se materializa en forma de trabajo comunitario. En situaciones de conflicto, las iniciativas populares documentan violaciones y proporcionan apoyo humanitario y de salud mental esencial. En ciudades de Estados Unidos, los vecinos han creado sistemas de alerta temprana y han obstaculizado físicamente las operaciones del ICE, arriesgándose a ser detenidos y agredidos. En Afganistán, las mujeres afganas mantienen en funcionamiento escuelas clandestinas, desafiando así a un régimen que ha convertido la educación de las niñas en un delito. En Europa, a pesar de ser víctimas de criminalización, los grupos humanitarios se niegan a dejar de socorrer a las personas migrantes en peligro en el mar. Todos estos son actos de empatía, valentía y solidaridad.
Un manifestante contra el ICE grita a un vehículo blindado de la policía en Minneapolis, Estados Unidos, el 17 de enero de 2026. Foto de Roberto Schmidt/AFP
La resistencia también apuesta al largo plazo. Años de meticulosa investigación, documentación y preparación de casos judiciales contra la industria de los combustibles fósiles culminaron en una sentencia histórica del Tribunal Internacional de Justicia, que estableció que los Estados tienen la obligación legal de proteger a las personas contra los daños derivados del cambio climático. Esta victoria fue el resultado de un proceso que comenzó como una campaña de un grupo decidido de estudiantes de las islas del Pacífico. En Filipinas, grupos de mujeres documentaron miles de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el expresidente Rodrigo Duterte, que ahora se encuentra detenido en la CPI.
En países como Angola, Arabia Saudita, Camerún, Indonesia, Rusia y Venezuela, las campañas persistentes de la sociedad civil han contribuido a la liberación de activistas encarcelados por ejercer pacíficamente sus derechos. En Sudáfrica, la presión de la sociedad civil obligó a las autoridades a declarar la violencia de género y el feminicidio como catástrofe nacional; en España, contribuyó a la regularización de medio millón de personas migrantes indocumentadas y, en Tailandia, logró que se reconociera el derecho al trabajo a aproximadamente 80.000 refugiados birmanos.
La gente escribe mensajes a los presos políticos en una pancarta durante un acto de solidaridad en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, el 31 de enero de 2026. Foto de Pedro Mattey/AFP
La resistencia se está movilizando para impedir que los oligarcas tecnológicos dicten el futuro. La sociedad civil insiste en que las tecnologías transformadoras deben estar al servicio de las personas, no del poder. Con este objetivo, ha promovido desde campañas para establecer salvaguardias que protejan los derechos humanos frente a la inteligencia artificial hasta la formación de coaliciones para reclamar restricciones al uso militar de la tecnología. Al mismo tiempo, la sociedad civil está utilizando la tecnología con fines positivos, por ejemplo, mediante el despliegue de herramientas de inteligencia artificial para documentar crímenes de guerra en Ucrania o para identificar a víctimas de desapariciones forzadas en México.
Luego están las victorias invisibles. Las victorias defensivas rara vez aparecen en los titulares, pero no por ello son menos cruciales. En una época marcada por las reacciones adversas, mantenerse firme es todo un logro. En Kenia, la acción de la sociedad civil está frenando un proyecto de ley contra las personas LGBTQI+; en Gambia, está impidiendo que se derogue la prohibición de la mutilación genital femenina, y, en Letonia, está bloqueando las medidas para debilitar las protecciones contra la violencia hacia las mujeres. La resistencia está evitando que la situación empeore.
Hombres como Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin y Donald Trump, que ejercen el poder sin rendir cuentas, esperan salir indemnes de sus abusos, al igual que los oligarcas y los operadores políticos que los rodean y los apoyan. No actuarían así si no estuvieran convencidos de que gozarán de una impunidad duradera.
Buscan la sumisión por encima de todo y trabajan para crear las condiciones necesarias, animando a la gente a atacar a las personas vulnerables en lugar de a los poderosos. Quieren que la gente se deje influir por la desinformación y se sienta intimidada ante las muestras de impunidad. Necesitan que la gente crea que los problemas son demasiado grandes para resolverlos, que los poderosos son demasiado fuertes para resistirse a ellos y que el precio por alzar la voz es demasiado alto. Una población desmotivada y dividida es una población dócil.
Manifestantes sobre una barricada durante una protesta contra la corrupción y la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales en Katmandú, Nepal, el 8 de septiembre de 2025. Foto de Navesh Chitrakar/Reuters vía Gallo Images
Sin embargo, quienes creen en los derechos humanos y la justicia social saben que la desesperación es un callejón sin salida. El cambio solamente es posible si creemos en él. Los autócratas y los oligarcas lo saben y por eso se esfuerzan tanto en infundir desesperanza. La resistencia comienza en el momento en que la gente decide tener esperanza.
La resistencia es consciente de los desafíos, pero se niega a ser pesimista, ya que el pesimismo sirve a los intereses de los autoritarios, los oligarcas y sus aliados, que insisten en que el poder económico y político pertenece a una pequeña élite y en que un mundo más justo es imposible e indeseable; sin embargo, la resistencia no comparte su opinión. La sociedad civil sabe que es posible un mundo en el que nadie pase hambre ni sufra dificultades económicas o violencia, en el que se respeten los derechos de todos y se utilicen de forma inteligente los recursos del planeta. Las protestas lideradas por la generación Z han supuesto la irrupción en la vida cívica de una nueva generación que se niega a aceptar que está abocada a perder. La resistencia mantiene viva esta convicción.
Muchas de las movilizaciones actuales son coloridas, ruidosas e irreverentes, y constituyen una muestra directa de rechazo hacia los políticos y magnates empresariales que nunca entenderán el poder de una broma y que creen que pueden decirle a la gente qué creer y cómo actuar. Además, permiten que las personas creen lazos por encima de las barreras que pretenden dividirlas en función de su etnia, género, nacionalidad, sexualidad o clase social, y salen fortalecidas cuando participan en ellas. Sin embargo, no solo las mueve el descontento económico y político, sino también la solidaridad: la humanidad se manifiesta cuando quienes gozan de ciertos privilegios deciden ponerlos al servicio de quienes tienen un menor acceso a sus derechos.
Los resultados son tangibles. En Indonesia y Timor Oriental, las protestas lideradas por la generación Z obligaron a los parlamentarios a desistir de sus intentos de otorgarse nuevas prebendas. El matrimonio igualitario entró en vigor en Liechtenstein y Tailandia, y en Santa Lucía se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo. Por su parte, Dinamarca y Noruega ampliaron los derechos al aborto, mientras que, en Sudáfrica, un litigio obligó a las empresas petroleras a suspender un proyecto de perforación. En Grecia, un tribunal absolvió a veinticuatro trabajadores humanitarios cuyo único delito había sido socorrer a personas migrantes en el mar. La CPI condenó a dos líderes milicianos de la República Centroafricana, en parte basándose en testimonios de supervivientes recopilados por la sociedad civil.
Esto es lo que sucede cuando las personas se organizan, se movilizan y alzan la voz de forma colectiva. Sin estos y muchos otros esfuerzos de la sociedad civil, el mundo sería un lugar más sombrío.
Las crisis globales actuales —el cambio climático, los conflictos, la erosión de la democracia, la desigualdad económica, la degradación del medio ambiente, la exclusión, la gobernanza mundial y los derechos humanos—, así como los éxitos y fracasos de los actos de resistencia, deberían llevar a reflexionar sobre cómo funciona la sociedad civil, cómo se producen los cambios y cuáles deberían ser sus prioridades.
La actual crisis de financiación de la sociedad civil agrava aún más la urgencia. A medida que se desvanece el apoyo estatal y filantrópico y se restringe cada vez más el espacio cívico, podría parecer comprensible que las organizaciones intenten adoptar un papel más discreto y seguro. De hecho, algunas de ellas ya han comenzado a eliminar el lenguaje de los derechos humanos de sus comunicaciones públicas, con la esperanza de evitar reacciones negativas y recortes de financiación. Sin embargo, esta estrategia es contraproducente, ya que cede terreno sin siquiera presentar batalla y erosiona la confianza de las comunidades que más necesitan el apoyo de la sociedad civil. Ante este panorama, es necesario que la sociedad civil tenga cuidado y no permita que los donantes ni los Estados tomen las decisiones. Debe preservar su autonomía y seguir defendiendo la justicia social y los derechos humanos, ya que muchos Estados, empresas y organizaciones internacionales han demostrado que no se puede confiar en ellos para hacerlo.
La sociedad civil también debe protegerse contra los peligros del afán de protagonismo de figuras carismáticas al frente de las organizaciones más grandes. La búsqueda de la viralidad en redes sociales no debe ir en detrimento de valores fundamentales de la sociedad civil tales como la acción colectiva y el compromiso con los excluidos.
La sociedad civil consolidada puede aprender de los movimientos más recientes, incluidos los liderados por la generación Z. Estos movimientos están consiguiendo mucho con pocos recursos gracias a la innovación a través de los liderazgos colectivos, la toma de decisiones descentralizada y democrática, y el uso inteligente de las redes sociales y de formas de comunicación creativas que realmente conectan con la gente. La sociedad civil de los países del Norte global puede aprender de las estrategias de adaptación y resiliencia que han puesto en práctica los habitantes de los numerosos países del Sur global donde el espacio cívico ha permanecido restringido durante más tiempo. Debe forjar nuevas conexiones que favorezcan el aprendizaje mutuo y cuestionen las jerarquías de conocimiento que se perciben.
La sociedad civil afronta el desafío de adaptar sus estructuras, que con frecuencia no se condicen con la naturaleza interconectada de los problemas actuales. La tecnología detrás de los algoritmos que se utilizan para las expulsiones es la misma que facilita la vigilancia masiva de activistas y manifestantes. Los recortes de financiación que están acabando con tantas organizaciones de apoyo a las personas migrantes también están afectando a los grupos de defensa de los derechos de las mujeres. Abordar estas crisis como si fueran fenómenos aislados, que deben ser tratados por organizaciones distintas en espacios compartimentados, es un auténtico regalo para aquellos cuyo poder depende de que la gente no perciba la dimensión sistémica de los problemas.
Los grupos de la sociedad civil ya establecidos también deben replantearse con quiénes colaboran y de qué manera. Quizá haya llegado el momento de dar menos prioridad a la colaboración de alto nivel en pos de un cambio gradual y centrarse más en hallar mejores formas de conectar con las comunidades más afectadas por las crisis. Décadas de desarrollo de normas internacionales no han impedido que los Estados y las empresas persigan sin reparos sus intereses mezquinos. Años de trabajo para darse a conocer en los espacios internacionales tampoco han impedido que los grupos de la sociedad civil se vean privados de financiación y sometidos a crecientes restricciones del espacio cívico. Los grupos de la sociedad civil no pueden esperar recibir apoyo cuando son objeto de ataques si no han sabido conectar con la gente, demostrar el valor de su trabajo ni generar confianza. De hecho, en algunos países, esta desconexión facilita las restricciones del espacio cívico.
En un contexto marcado por una represión cada vez más intensa, quienes dedican sus esfuerzos a la resistencia también deben cuidarse mutuamente. Los movimientos que agotan a sus miembros no son sostenibles; por lo tanto, respaldar la resistencia también significa apoyar a las personas que están en primera línea.
Quienes deseen colaborar con la sociedad civil y apoyarla en esta época de colapso de la financiación también deben reflexionar. Muchos de los avances recientes logrados por la sociedad civil son el resultado de una combinación de tácticas que se podría replicar. El éxito suele llegar cuando diferentes grupos, incluidos aliados inesperados, unen sus fuerzas y combinan sus tácticas en pos de un objetivo común. Teniendo esto en cuenta, los donantes deben tomar decisiones estratégicas sobre qué causas apoyar y cuándo. Un movimiento de protesta, por ejemplo, puede necesitar pocos recursos y ser capaz de financiarse mediante campañas de financiación participativa; sin embargo, otras respuestas, como los litigios, la recopilación de pruebas de atrocidades y la asistencia legal a los activistas detenidos, pueden resultar costosas o requerir conocimientos especializados, incluso si rara vez acaparan tantos titulares como las protestas.
La Semana Internacional de la Sociedad Civil de 2025, que reunió en Bangkok a alrededor de un millar de activistas de todo el mundo, permitió vislumbrar lo que puede llegar a ser la sociedad civil. La reunión estuvo impregnada del espíritu de valentía y solidaridad que exigía la ocasión. Permitió compartir inspiradores testimonios de resistencia, experiencias ganadas con esfuerzo a través de fronteras y generaciones, y renovar el compromiso colectivo de defender el espacio cívico y reclamar justicia social.
La sociedad civil debe preservar ese espíritu, situando la resistencia en el centro de todas sus acciones. Esto significa vincular las coloridas y ruidosas protestas callejeras, así como los audaces actos de defensa de la comunidad, con la labor más silenciosa de incidencia, documentación y defensa ante los tribunales. Si bien las protestas son su cara más visible, la resistencia adopta innumerables formas: desde la creación de grupos comunitarios para proteger a refugiados y personas migrantes, hasta la participación en litigios financiados colectivamente, pasando por las expresiones de solidaridad con los activistas encarcelados. Todas estas acciones son importantes y cobran mayor fuerza a medida que más personas se suman a ellas. Cualquier progreso que el futuro nos depare será el resultado de la unión entre quienes se niegan a aceptar lo inaceptable.