MIGRACIÓN: LA CRUELDAD COMO POLÍTICA
- Los Estados están llevando a cabo cada vez más expulsiones masivas, externalizando la gestión de la inmigración y bloqueando el acceso al asilo. Estados Unidos ha emprendido la mayor campaña de expulsiones de su historia mediante la aplicación de cuotas de detenciones. Irán y Pakistán han expulsado a 2,8 millones de afganos a Afganistán, un territorio controlado por los talibanes. Los Estados europeos están externalizando la vigilancia de las fronteras, la tramitación de las solicitudes de asilo y enviando a las personas a países inseguros. Los intereses políticos están impulsando gran parte de la hostilidad hacia las personas migrantes y refugiadas.
- La sociedad civil está articulando una resistencia coordinada mediante labores de incidencia, acciones humanitarias, litigios y movilizaciones masivas. Tras una labor de incidencia constante, España regularizó a personas migrantes indocumentadas y Tailandia concedió derechos laborales a los refugiados birmanos. Los tribunales de varios países han bloqueado procedimientos acelerados de deportación, protegido a los solicitantes de asilo y exonerado a trabajadores humanitarios criminalizados. Las protestas han movilizado a millones de personas en todo el mundo y, en Estados Unidos, las redes comunitarias han obstaculizado físicamente las detenciones y las expulsiones.
- Las políticas restrictivas están ganando terreno y lo que antes era impensable se está convirtiendo en algo habitual. Sin embargo, la resistencia de la sociedad civil está impidiendo un mayor retroceso y cuestionando la normalización de lo extremo. Queda por ver si los Estados cumplirán con sus obligaciones vinculantes de proteger a las personas migrantes y refugiadas o si las eludirán impunemente en función de intereses políticos.
Múltiples crisis están provocando que cada vez más personas se vean obligadas a desplazarse. A mediados de 2025, había 117,3 millones de personas desplazadas, de las cuales 67,8 millones se encontraban en sus propios países. La guerra en Sudán ha provocado la mayor crisis de desplazados del mundo y ha obligado a más de quince millones de personas a abandonar sus hogares, de las cuales cuatro millones han tenido que refugiarse en países vecinos. Se estima que ocho millones de venezolanos se encuentran dispersos por el continente americano y otras partes del mundo, habiendo huido por razones políticas y económicas.
El 71% de los refugiados del mundo se encuentra en países de ingresos bajos y medios, y dos tercios de ellos en países cercanos al suyo. Los países ricos, cuyas políticas exteriores, intervenciones militares, prácticas de explotación económica y emisiones de gases de efecto invernadero han contribuido a convertir a estas personas en refugiadas, están actuando de forma poco responsable a la hora de protegerlas y apoyarlas; de hecho, muchos están militarizando sus fronteras y criminalizando la solidaridad.
En 2025, la crisis se agravó con la retirada de fondos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que la obligó a recortar 5.000 puestos de trabajo, cerrar 185 oficinas sobre el terreno y suspender programas de asistencia por valor de 1400 millones de dólares, privando de ayuda a 11,6 millones de refugiados. La Organización Internacional para las Migraciones, cuyo mandato consiste en brindar asistencia a todas las personas migrantes, se vio forzada a reestructurarse tras perder el 30% de las donaciones que recibía.
En el marco de la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos, las autoridades están expulsando sistemáticamente a las personas nacidas en el extranjero que no encajan en una concepción cada vez más restrictiva y racial de la identidad nacional. A algunas de ellas las han enviado a países lejanos con un historial deficiente en materia de derechos humanos y con los que no tienen ningún vínculo.
En toda Europa, tanto la Unión Europea (UE) como los Estados están cuestionando los principios fundamentales de la protección a los refugiados y el orden jurídico europeo, externalizando la vigilancia de las fronteras a Estados socios autoritarios, pagándoles para que intercepten a las personas migrantes y les impidan llegar a Europa, al tiempo que obstaculizan las operaciones de búsqueda y rescate en el mar. Más de 3.000 personas murieron tratando de llegar a España y 1.340 perdieron la vida en el Mediterráneo central cuando se dirigían a Italia en 2025.
Si bien las respuestas actuales a las migraciones se caracterizan por una crueldad deliberada ante la necesidad, se están encontrando con la resistencia decidida de la sociedad civil.
A pesar de que la movilidad es una característica inherente a la condición humana y ha dado forma a las civilizaciones durante milenios, el discurso político contemporáneo la presenta como una amenaza sin precedentes. En todas las regiones y contextos políticos, la clase política difunde narrativas similares que describen a las personas migrantes y los refugiados como individuos dependientes de la asistencia social, una amenaza para el mercado laboral, un peligro para la cohesión nacional, delincuentes y terroristas. De esta manera, pueden desviar la frustración económica y política de la ciudadanía de sus fracasos y canalizarla hacia los más vulnerables.
Durante su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió que pondría en marcha la mayor campaña de expulsiones de la historia de Estados Unidos. Con este fin, ha llevado a cabo reformas legislativas, institucionales y operativas que han desmantelado el sistema de protección a refugiados y personas migrantes. En su primer día en el cargo, suspendió la admisión y el reasentamiento de refugiados, y puso fin a las protecciones que impedían que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) efectuara redadas en iglesias, hospitales y centros educativos. Su gobierno fijó un límite máximo de refugiados que podrían ser admitidos en 2026 de 7.500 personas, una cifra ridículamente baja, dando prioridad a los sudafricanos blancos, con el falso argumento de que son víctimas de un “genocidio blanco”, un discurso que Trump lleva promoviendo desde hace tiempo y que Elon Musk ha amplificado.
El gobierno de Trump revocó el Estatus de Protección Temporal a más de un millón de ciudadanos de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Venezuela. Llegó a un acuerdo con Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador, para trasladar a las personas expulsadas a una enorme prisión de alta seguridad que alberga a presuntos miembros de pandillas, a cambio de un pago anual de seis millones de dólares. En marzo, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a unos 250 venezolanos a El Salvador sin respetar las garantías judiciales. En total, despojó de su estatus legal a más de 1,6 millones de personas que habían llegado a Estados Unidos a través de programas humanitarios.
Migrantes venezolanos llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, en un vuelo de deportación desde la Bahía de Guantánamo el 20 de febrero de 2025. Foto de Leonardo Fernández Viloria/Reuters vía Gallo Images
La “Gran y Hermosa Ley” firmada por Trump el 4 de julio asignó alrededor de 171.000 millones de dólares para la aplicación de la ley de inmigración, incluidos 47.000 millones para la construcción de un muro fronterizo, 45.000 millones para detenciones y 15.000 millones para expulsiones. Además, su gobierno amplió el número de países sujetos a prohibiciones de entrada a Estados Unidos, que pasó de 19 países en junio a 39 en diciembre, y, en enero, congeló la tramitación de visados para ciudadanos procedentes de 75 países.
Para hacer cumplir las restricciones, el gobierno contrató a más de 12.000 agentes adicionales para el ICE, redujo los requisitos de acceso y recortó el periodo de formación. Los agentes, que habían recibido una formación deficiente y habían sido desplegados apresuradamente, recibieron la orden de ser “creativos” y de efectuar “arrestos colaterales” para cumplir con una cuota diaria de 3.000 detenciones.
El ICE ha llevado a cabo redadas masivas en todos los Estados Unidos, incluso en lugares de trabajo y a las puertas de centros escolares. Las detenciones han sido en gran medida arbitrarias: el 95% de las personas detenidas no había sido condenado por delitos violentos y el 73% carecía de antecedentes penales. Cientos de ciudadanos estadounidenses y residentes en situación regular han sido detenidos injustamente y algunos expulsados del país, incluso en contravención directa de órdenes judiciales. Se ha grabado a agentes mientras rompían ventanas de vehículos, golpeaban a personas, derribaban puertas y empleaban prácticas de detención prohibidas, como las llaves de estrangulamiento. Hasta la fecha, se han registrado 17 incidentes en los que los agentes del ICE y de la agencia Aduanas y Protección Fronteriza han disparado contra civiles y que han resultado en la muerte de cinco personas —dos de ellos manifestantes anti-ICE— y siete heridos.
Una de las principales estrategias empleadas en Europa consiste en externalizar los controles migratorios a través del pago a terceros países para que intercepten embarcaciones y eviten que zarpen, y mediante el establecimiento de centros de detención y procesamiento de migrantes extraterritoriales en terceros países.
En la actualidad, la UE tiene acuerdos de control fronterizo con el Líbano, Libia, Mauritania y Túnez. Los fondos de la UE permiten que la guardia costera libia pueda interceptar a personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo y trasladarlas hasta Libia, donde son recluidas en campos en condiciones que, según los expertos de la ONU, probablemente constituyan un caso de crímenes contra la humanidad. En agosto, la guardia costera libia abrió fuego contra un buque de salvamento de SOS Méditerranée, en aguas internacionales, desde una embarcación suministrada por Italia en el marco de un programa financiado por la UE.
El gobierno italiano prosigue con su política de retener en puerto a los buques de salvamento gestionados por la sociedad civil y asignarles puntos de desembarque lejanos para mantenerlos alejados de las zonas donde se necesitan. Entre febrero de 2023 y junio de 2025, las autoridades retuvieron embarcaciones en 29 ocasiones. En julio de 2025, el Tribunal Constitucional de Italia declaró ilegales dichas inmovilizaciones y dictaminó que no se puede utilizar la legislación nacional de carácter punitivo para eludir el derecho internacional.
En Europa, bajo el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni, Italia se convirtió en pionera en el procesamiento extraterritorial de las solicitudes de refugiados y personas migrantes mediante un acuerdo concluido con Albania, que abrió centros de detención en octubre de 2024. Sin embargo, un tribunal dictaminó que detener a personas migrantes en países que no pertenecen a la UE para procesarlas era ilegal, por lo que tuvieron que ser devueltas a Italia. Finalmente, el gobierno utilizó estos centros para detener a personas migrantes sin permiso de residencia en Italia, al tiempo que aprobó una ley de inmigración más estricta. El Reglamento de gestión de la migración de la UE, que entrará en vigor en junio de 2026, podría permitirle reanudar su plan de cooperación con Albania.
Una manifestante sostiene un cartel que dice “Ellos huyen de la pobreza y la muerte mientras nosotros discutimos sobre documentos de identidad” en una movilización del Día Internacional del Migrante en París, Francia, el 18 de diciembre de 2025. Foto de Jerome Gilles/NurPhoto vía AFP
La Comisión Europea también ha propuesto un nuevo y amplio Reglamento sobre el retorno, destinado a crear un sistema a escala de la UE para acelerar las expulsiones. La propuesta, que actualmente se está negociando en el Parlamento Europeo, establece que cada Estado de la UE debe reconocer las órdenes emitidas por otros Estados de la UE, períodos de detención más largos y la posibilidad de crear los llamados “centros de retorno” en países no pertenecientes a la UE. La sociedad civil ha advertido que el proyecto podría normalizar las devoluciones ilegales, multiplicar las detenciones arbitrarias y dificultar el acceso a las vías de recurso judicial.
Los Estados europeos siguen la senda trazada por Australia, que en 2001 se convirtió en el primer país en establecer un programa de detención de solicitantes de asilo en Nauru y Papúa Nueva Guinea, mecanismo que reactivó en 2012. En 2025, Australia llegó a un nuevo acuerdo para deportar a Nauru a personas que habían sido puestas en libertad por orden judicial tras permanecer detenidas por un tiempo prolongado.
Además, los Estados deniegan sistemáticamente las solicitudes de asilo, una práctica que Grecia ha exacerbado con una nueva ley que castiga la “entrada ilegal” y la “permanencia ilegal” con penas de al menos dos años de prisión. En febrero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó la primera lista comunitaria de países de origen supuestamente seguros con el fin de acelerar las expulsiones. La sociedad civil ha rechazado esta medida porque impone una carga injusta a los solicitantes de asilo, quienes deben demostrar por qué motivos no deben ser expulsados.
Sin embargo, existen enfoques alternativos. Recientemente, una docena de Estados de América Latina y el Caribe, que cuentan con muchos menos recursos que los Estados europeos, han acordado reforzar la protección y acelerar el proceso de regularización e integración de personas solicitantes de asilo, migrantes, refugiadas y repatriadas.
Gran parte del retroceso europeo está impulsado por dinámicas electorales. El giro a la derecha en materia de política migratoria es el resultado del ascenso al poder de los partidos de extrema derecha y de la adopción de políticas restrictivas por parte de los partidos mayoritarios que buscan limitar el atractivo de dichas formaciones políticas. En Austria, la coalición centrista creada para excluir al Partido de la Libertad tras su victoria en 2024 ha adoptado, no obstante, parte del programa de dicha formación de extrema derecha. En 2025, suspendió la reunificación familiar de los solicitantes de asilo, a pesar del número ínfimo de solicitudes, alegando una presión excesiva sobre los sistemas educativo, sanitario y de vivienda, y prohibió que las niñas llevaran velo en las escuelas. Además, durante los primeros seis meses del año, Austria repatrió por la fuerza a 3.188 personas.
En Alemania, la inmigración fue uno de los temas centrales de los comicios celebrados en febrero de 2025, en los que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania obtuvo su mejor resultado electoral tras una campaña a favor de las expulsiones masivas. El partido gobernante, de corte conservador, ha colaborado con él en el Parlamento en cuestiones relacionadas con la inmigración y ha prometido implementar políticas más estrictas. El nuevo Ejecutivo alemán ha aumentado considerablemente las expulsiones, suspendido los procesos de reagrupación familiar y reducido los programas de asistencia social e integración.
En los Países Bajos, la inmigración siguió siendo un tema central en las elecciones anticipadas de octubre, tras la disolución del gobierno motivada por la retirada de la formación de extrema derecha Partido por la Libertad debido a divergencias en materia de inmigración. Durante la campaña electoral, el partido de centroizquierda D66 prometió imponer restricciones a la inmigración, como externalizar la gestión de las solicitudes de asilo a los países de origen de las personas migrantes.
Algunos Estados del sur global también han endurecido sus políticas. La India expulsó a cientos de refugiados rohingya a Bangladesh. Egipto devolvió a cientos de refugiados sudaneses en el marco de un plan conjunto con Sudán, en teoría voluntario. Tailandia deportó a refugiados uigures a China, a pesar de que era evidente que corrían el riesgo de ser perseguidos. La República Dominicana expulsó a más de 310.000 haitianos. Tras el fin de la guerra civil en Siria en diciembre de 2024, el gobierno libanés puso en marcha un plan de retorno para la población siria y aumentó la presión sobre las personas sin estatus legal para que regularizaran su situación o se sumaran a los programas de retorno promovidos por el Estado. A finales de año, más de medio millón de nacionales sirios había abandonado el país.
Irán y Pakistán llevaron a cabo la mayor campaña de expulsiones masivas del año con la devolución de alrededor de 2,8 millones de afganos a Afganistán, que actualmente se encuentra bajo control talibán. En Pakistán, las autoridades ordenaron la expulsión de 1,4 millones de refugiados registrados sin pasar por los tribunales, a pesar de que poseían documentos expedidos por las Naciones Unidas. Con este fin llevaron a cabo detenciones en mercados, viviendas y centros educativos. A raíz de su conflicto con Israel, Irán acusó a la población afgana de realizar labores de espionaje para Israel y difundió confesiones obtenidas bajo coacción. El número de expulsiones aumentó hasta situarse entre 30.000 y 51.000 al día.
La sociedad civil está organizando una resistencia coordinada a través de diversas estrategias: coaliciones de incidencia para la promoción de reformas legales y políticas, acciones legales promovidas por grupos con el fin de bloquear políticas regresivas, el mantenimiento de servicios esenciales por parte de organizadores de base, movilizaciones solidarias y redes comunitarias que obstaculizan físicamente las operaciones de expulsión. Estas acciones han conseguido importantes victorias, a pesar de la hostilidad del clima político.
En 2025 se consiguieron dos reformas políticas considerables en España y Tailandia. En España, la regularización de 500.000 personas migrantes indocumentadas fue el resultado de una campaña para proponer cambios en la normativa que recogió más de 700.000 firmas. En Tailandia, tras años de preparativos encabezados por parte de la sociedad civil, se logró el reconocimiento del derecho al trabajo de los refugiados birmanos, lo que permitió que unas 80.000 personas obtuvieran permisos de trabajo.
Los tribunales han desempeñado un papel de control crucial frente a las políticas restrictivas. En Estados Unidos, la Corte Suprema ordenó al gobierno que facilitara el retorno de un salvadoreño expulsado injustamente y dictaminó que la expulsión de migrantes venezolanos, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, violaba las garantías constitucionales del debido proceso. La sociedad civil cosechó nuevas victorias a raíz de sentencias que bloquearon las expulsiones aceleradas, suspendieron la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros y declararon ilegal el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump contra los manifestantes de Los Ángeles.
En Sudáfrica, un tribunal invalidó las políticas que impedían que los solicitantes de asilo accedieran al sistema de asilo, una práctica que derivaba en detenciones y expulsiones al margen de las garantías procesales. Asimismo, otra instancia judicial ordenó al grupo antiinmigrantes Operación Dudula que cesara de obstruir el acceso de las personas migrantes a los centros educativos y de salud públicos. En Australia, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la imposición de toques de queda estrictos y de brazaletes electrónicos a los refugiados puestos en libertad sin haber sido sometidos a una evaluación judicial individualizada de riesgos.
Manifestación de apoyo a la activista antirracista detenida Saadia Mosbah, acusada de lavado de dinero y de facilitar la entrada ilegal de migrantes, frente al Tribunal de Primera Instancia de Túnez, el 22 de diciembre de 2025. Foto de Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto
La justicia también absolvió a los trabajadores humanitarios que habían sido criminalizados. En Grecia, tras permanecer siete años en un limbo judicial, veinticuatro trabajadores humanitarios fueron absueltos de los cargos de trata de personas en enero de 2026. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también falló en contra del Estado griego por las expulsiones ilegales y sistemáticas. En Italia, el Tribunal Constitucional dictaminó que toda orden contraria al deber de socorro carece de validez jurídica y que no resulta admisible sancionar a quienes se nieguen a cumplirla. De igual modo, otros tribunales italianos consideraron ilegal la incautación de buques de salvamento.
A pesar de la criminalización, la sociedad civil continúa proporcionando una asistencia vital en las rutas migratorias, entre otros mediante operaciones de búsqueda y rescate. En noviembre, Médicos Sin Fronteras retomó sus actividades con un nuevo buque, tras verse obligada a retirar el anterior debido a las restricciones impuestas por Italia. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil también están impulsando iniciativas educativas, alimentarias y sanitarias en los campamentos y ofreciendo asesoramiento jurídico, programas psicosociales y apoyo al empleo en las comunidades de acogida. Gran parte de estos proyectos se centra en los riesgos y las necesidades específicas de los grupos de refugiados especialmente vulnerables, como los niños, las mujeres y las personas LGBTQI+.
Tripulantes del Ocean Viking, un barco de rescate operado por SOS Méditerranée, evacúan a un niño de un petrolero en aguas internacionales entre Malta y Túnez el 31 de diciembre de 2025. Foto de Sameer Al-Doumy/AFP
Un número creciente de grupos está ofreciendo asistencia jurídica integral. Por ejemplo, el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados presta servicios jurídicos a personas desplazadas en más de cien países, al tiempo que grupos estadounidenses movilizan a miles de abogados voluntarios para facilitar representación gratuita a solicitantes de asilo y personas que han sido detenidas. Sin embargo, esta labor conlleva riesgos. En el Reino Unido, abogados y activistas que trabajan con refugiados han denunciado haber recibido amenazas de muerte y de violación por parte de manifestantes antiinmigración de extrema derecha. Al menos dos organizaciones se han visto forzadas a cesar sus actividades debido a las amenazas, mientras que otras han tenido que destinar una parte mayor de sus escasos recursos a labores de seguridad.
Una oleada de movilizaciones ciudadanas ha recorrido las calles en solidaridad con las personas migrantes y los refugiados. En Europa, las protestas buscan contrarrestar el creciente sentimiento contra los migrantes que acompaña a la influencia creciente de la extrema derecha. En enero, ciudadanos italianos e inmigrantes se movilizaron en Palermo para exigir cambios en las políticas que faciliten la obtención de la ciudadanía y de permisos de residencia. En febrero, al menos 160.000 personas se manifestaron en Berlín contra la cooperación del partido del gobierno con la extrema derecha, a las que se sumaron más de 220.000 personas en otras ciudades alemanas. En junio, tras una serie de ataques racistas, grupos de la sociedad civil organizaron una manifestación contra el racismo en Belfast (Reino Unido). En agosto, este país fue escenario de movilizaciones en respuesta a las protestas antinmigración y, en octubre, miles de personas participaron en manifestaciones solidarias en Dublín (Irlanda).
En Estados Unidos, las movilizaciones masivas contra la aplicación de las leyes de inmigración alcanzaron niveles récord, con cientos de protestas en todos los estados durante los primeros meses de 2025. El 3 de febrero, en el Día sin Inmigrantes, la población se quedó en casa y no acudió a sus lugares de trabajo ni a centros educativos en señal de protesta contra las políticas migratorias del gobierno de Trump, mientras que, el 14 de junio, las protestas del movimiento No Kings congregaron a más de cinco millones de personas en todo el país, una cifra que ascendió a más de siete millones durante la segunda edición celebrada en octubre. Asimismo, en septiembre, durante la Semana Nacional de la Migración, grupos religiosos coordinaron marchas, vigilias y eventos de observación en los tribunales. En Italia, grupos de estudiantes protestaron contra el ICE durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2026.
Manifestación contra las redadas del ICE en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de febrero de 2025. Foto de Mostafa Bassim/Anadolu vía Getty Images
Al principio, la población organizó protestas frente a centros de detención y durante actos de reclutamiento del ICE, así como en aeropuertos, con el fin de impedir los vuelos de deportación. En paralelo, diversos activistas lanzaron campañas de boicot contra las aerolíneas que proporcionaban aviones para las deportaciones y contra las empresas de logística que prestaban servicios a esos vuelos. Sin embargo, dado que las operaciones del ICE se han ido trasladando a los barrios, las protestas se han centrado cada vez más en la defensa comunitaria mediante la creación de sistemas de alerta temprana y las intervenciones físicas para impedir las detenciones. Se han formado grupos de vigilancia para documentar las actuaciones de los agentes del ICE y alertar a los vecinos migrantes. También se han organizado formaciones sobre los derechos de las personas migrantes, se han habilitado líneas telefónicas comunitarias para señalar las actividades del ICE y, en algunos casos, se han creado centros de defensa con presencia permanente en puntos estratégicos para interrumpir sus operaciones. Asimismo, se ha asesorado a empresas sobre cómo actuar ante posibles incursiones del ICE y se ha capacitado a voluntarios para identificar vehículos y agentes encubiertos, documentar redadas y localizar a personas detenidas. También se han coordinado respuestas rápidas y organizado apoyo alimentario y financiero para los trabajadores detenidos. Además, se han traducido documentos legales y se ha proporcionado asistencia jurídica e, incluso, algunas personas han obstaculizado redadas del ICE y han logrado ahuyentar a los agentes.
Frente a la resistencia, el gobierno estadounidense ha recurrido a la criminalización y la violencia. Las autoridades han calificado a los manifestantes de extremistas, anarquistas violentos y terroristas. El Departamento de Justicia ha emprendido causas penales contra cientos de manifestantes e imputado delitos de lesiones graves a muchos de ellos. No obstante, esta campaña de criminalización ha fracasado en gran medida: la mayoría de los cargos han sido reducidos o desestimados, y los pocos juicios que se han celebrado han concluido con absoluciones.
La violencia estatal ha tenido efectos más duraderos. Los agentes federales han utilizado proyectiles y aerosoles de pimienta, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra los manifestantes, provocándoles lesiones graves. El episodio de violencia más grave se produjo en Minneapolis (Minnesota), donde agentes federales acabaron con la vida de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti, en el marco de la Operación Metro Surge en enero de 2026. Especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron que dichos crímenes podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales. Días más tarde, en Hartford (Connecticut), una furgoneta del ICE atropelló a un manifestante durante una vigilia en memoria de Renee Good.
Las fuerzas que promueven las restricciones están ganando terreno. Las deportaciones masivas, la externalización del procesamiento en Estados autoritarios y la denegación sistemática de representación legal son políticas que, si bien antes se consideraban impensables, hoy se han convertido en realidad. En este sentido, la retórica antiinmigración ha demostrado ser muy eficaz a la hora de justificar medidas que vulneran el derecho internacional.
Sin embargo, la resistencia de la sociedad civil demuestra que esta regresión puede revertirse. Es crucial que la resistencia se mantenga firme, ya que están en juego obligaciones jurídicas vinculantes en virtud del derecho internacional. El principio de no devolución y las garantías procesales consagradas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no son de cumplimiento optativo. Al insistir en su cumplimiento, la sociedad civil combate la normalización de lo extremo y afirma que la migración no es una crisis moderna que deba afrontarse mediante la exclusión, sino un rasgo permanente de la historia humana que debe ser abordado con humanidad.