LUCHAS DE GÉNERO: REACCIÓN Y RESISTENCIA
- Muchos Estados están atacando los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ al presentarlos como una amenaza para las familias, las tradiciones y la identidad nacional. Estados Unidos ha marcado la pauta a nivel internacional y ha recortado su financiación en todo el mundo. Burkina Faso y Trinidad y Tobago han criminalizado las relaciones entre personas del mismo sexo; Eslovaquia y el Reino Unido han definido legalmente el sexo de forma binaria, y Hungría ha prohibido los eventos del Orgullo. La reacción a nivel mundial provocó que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas retirara las referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
- La sociedad civil se opone a los retrocesos mediante protestas, acciones legales y otras prácticas. En Sudáfrica, la presión de la sociedad civil obligó a que se declarara la violencia de género como catástrofe nacional, mientras que Dinamarca y Noruega modificaron su legislación para ampliar el acceso al aborto. En Santa Lucía, los tribunales despenalizaron la homosexualidad y en Liechtenstein y Tailandia entró en vigor el matrimonio igualitario.
- Algunas de las victorias más importantes de la sociedad civil son invisibles en medio de la escalada de ataques politizados. En Gambia, la sociedad civil bloqueó los intentos para derogar la prohibición de la mutilación genital femenina; en Letonia, paralizó la retirada del país de una convención sobre la violencia contra las mujeres, y en Kenia, frenó un proyecto de ley para proteger a la familia que atentaba contra las personas LGBTQI+. Si no hubiera habido una resistencia constante, los retrocesos habrían sido mayores.
Los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ están sufriendo la ofensiva más amplia y mejor coordinada de las últimas décadas. Las fuerzas antiderechos intentan desmantelar las protecciones conseguidas tras décadas de lucha, pero los movimientos de mujeres y de personas LGBTQI+ y sus aliados las están haciendo retroceder. Esta lucha se libra a nivel nacional e internacional mediante ataques contra los derechos por conveniencia política y motivos ideológicos.
Pese a esto, la resistencia es el elemento que mejor define el momento actual. La regresión no ha quedado sin respuesta: incluso en las ciudades de Irán, donde el régimen teocrático ha aplastado con una vehemencia sin precedentes las recientes protestas, las mujeres han seguido caminando por sus calles, desafiantes y sin velo; mientras que en Afganistán, bajo el sistema de apartheid de género, han gestionado escuelas clandestinas, documentado abusos y mantenido vivas las redes de solidaridad. En Hungría, decenas de miles de personas se arriesgaron a ser procesadas por desafiar la prohibición del Orgullo decretada por el gobierno. En Estados Unidos, donde las protecciones federales se han eliminado más rápidamente que en cualquier otro país del Norte global, la población está ofreciendo resistencia mediante protestas masivas, votaciones para consagrar el derecho al aborto en las constituciones estatales y litigios estratégicos ante los tribunales estatales. La resistencia adopta formas diversas en distintos contextos y está resultando más difícil de erradicar de lo que las fuerzas regresivas esperaban.
En enero de 2025, Donald Trump marcó la tónica del conflicto con la promulgación de una serie de decretos ejecutivos que imponen una definición biológica estrictamente binaria del género, restringen la financiación destinada a la atención médica para la reafirmación de género, ponen fin al reconocimiento de la identidad de género autopercibida en los documentos federales, revocan las garantías contra la discriminación de las personas LGBTQI+ en la atención sanitaria y la vivienda, y prohíben las políticas para la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). Además, su gobierno ha presionado a las empresas para que sigan su ejemplo. Mientras tanto, los estados estadounidenses alineados con Trump se han centrado en prohibir el envío de píldoras abortivas por correo.
Manifestantes participan de un fin de semana de acción liderado por el movimiento feminista en vísperas de la segunda toma de posesión de Donald Trump en Washington DC, Estados Unidos, el 18 de enero de 2025, Foto de Aashish Kiphayet/NurPhoto vía AFP
Debido a la influencia global de los Estados Unidos, estas medidas han servido de modelo para otros líderes que buscan revertir el reconocimiento de derechos. Además, dado que el gobierno de los Estados Unidos solía ser el mayor donante bilateral del mundo, sus recortes en la ayuda exterior han tenido un impacto global inmediato. El desmantelamiento de USAID y la ampliación de una ley mordaza internacional, que priva de fondos estadounidenses a las organizaciones que practican abortos o defienden el derecho al aborto, afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI+, especialmente en zonas de conflicto, áreas rurales y los países más pobres del mundo.
El informe Panorama de género 2025 de las Naciones Unidas (ONU) dio la voz de alarma al constatar que el mundo está muy lejos de alcanzar cada una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre igualdad de género. A pesar de que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres aporta 10,8 billones de dólares al año a la economía mundial, el informe estima que 351 millones de mujeres y niñas seguirán viviendo en condiciones de pobreza extrema en 2030. Es probable que este retroceso pase desapercibido para muchos responsables políticos debido al recorte de la financiación destinada a la recopilación de datos específicos sobre cuestiones de género en alrededor del 70% de las agencias nacionales de estadística.
Las nuevas tecnologías agravan estos problemas. Los sistemas de inteligencia artificial están incorporando y amplificando los prejuicios de género mediante el uso de algoritmos discriminatorios en herramientas de contratación o a través de chatbots que generan imágenes íntimas no consentidas a gran escala, por ejemplo. Asimismo, los deepfakes están facilitando nuevas formas de abuso y extorsión contra las mujeres que participan en la vida pública. Las redes sociales no están moderando los actos de acoso, lo que crea entornos hostiles que alejan a las mujeres del debate público. La laxitud de los marcos normativos facilita que las empresas tecnológicas se beneficien de estos agravios y eludan sus responsabilidades.
Integrantes de grupos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres participan en el encuentro anual con el secretario general de la ONU durante la CSW69 en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 11 de marzo de 2025. Foto de ONU Mujeres/Ryan Brown
La tensión institucional quedó patente durante la 69.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) de las Naciones Unidas, celebrada en marzo de 2025. Bajo la presión de un bloque antiderechos bien organizado, se eliminó de la Declaración Política de la reunión las tradicionales referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, una medida que habría sido impensable hace solo unos años.
En medio de los retrocesos, la sociedad civil ha seguido adaptándose e innovando —a menudo bajo amenazas directas— y ha conseguido resultados tangibles. Mientras que algunos Estados han dado pasos atrás en el reconocimiento del derecho al aborto, han criminalizado la homosexualidad y han retirado fondos, otros han reconocido el matrimonio igualitario y han adoptado definiciones de violación basadas en el consentimiento. Las personas defensoras de derechos humanos también han defendido los avances en foros internacionales. Con el lanzamiento del Programa de Acción Beijing+30, más de un centenar de Estados renovaron su compromiso con la justicia de género. Durante la CSW69, el activismo consiguió que la declaración política reconociera explícitamente la violencia de género por primera vez.
En diversos países y sistemas políticos, los ataques contra los derechos de género están impulsados por un discurso sorprendentemente coherente que presenta la igualdad como una ideología peligrosa y describe las luchas feministas y del colectivo LGBTQI+ como amenazas para la infancia, las identidades nacionales y los valores familiares tradicionales. La clase política utiliza las cuestiones de género como arma para redirigir el descontento económico y político hacia blancos fáciles. En consecuencia, los derechos humanos tienden a considerarse cada vez más como privilegios condicionales en lugar de como garantías universales.
Algunos Estados están criminalizando la visibilidad de las personas LGBTQI+. En 2025, Hungría aprobó una ley que prohíbe las marchas del Orgullo y otros eventos públicos del colectivo LGBTQI+ y autoriza la vigilancia para garantizar su cumplimiento. Esta medida restringió el derecho a la protesta y tipificó la visibilidad de las personas LGBTQI+ como un delito. La ley condujo al enjuiciamiento del alcalde de Budapest por participar en la organización de un evento del Orgullo, desacatando la prohibición. Mientras tanto, en Turquía, el gobierno declaró el 2025 “Año de la Familia” y presentó un proyecto de ley para restringir severamente los derechos de la comunidad LGBTQI+, criminalizar las iniciativas de incidencia y limitar el acceso de las personas trans a la sanidad. Las autoridades reprimieron las marchas del Orgullo y del Orgullo Trans de Estambul, y detuvieron a decenas de activistas, periodistas y abogados.
Una multitud sin precedentes marcha desafiando la prohibición gubernamental en el 30.º desfile anual del Orgullo en el centro de Budapest, Hungría el 28 de junio de 2025. Foto de Attila Kisbenedek/AFP
Otros Estados están desmantelando la infraestructura de la igualdad y restringiendo conceptos jurídicos con el fin de excluir a las personas trans. En el Reino Unido, la Corte Suprema dictó una sentencia que autorizó la exclusión legal de las mujeres trans de los espacios segregados por género, basándose en que la Ley de Igualdad establece que los términos “mujer” y “género” hacen referencia exclusivamente al sexo biológico. En Eslovaquia, el Parlamento aprobó modificaciones constitucionales de gran alcance que definen al género como un fenómeno exclusivamente biológico, prohíben el reconocimiento legal del género de las personas trans y no binarias, limitan la adopción a las parejas heterosexuales casadas, proscriben la gestación subrogada y establecen que los progenitores deben su consentimiento para que sus hijos reciban una educación sexual integral. Era evidente que estas medidas buscaban invalidar las directivas de la Unión Europea (UE) sobre la no discriminación y los derechos humanos.
A contracorriente de una tendencia anterior, una oleada de criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo se ha extendido por África, a menudo alimentada por una mezcla de moralismo religioso y discursos nacionalistas que presentan los derechos de las personas LGBTQI+ como imposiciones extranjeras. En Burkina Faso, la junta militar modificó el código penal con el fin de criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, así como su “promoción”, y castigarlas con penas de entre dos y cinco años de prisión. En Kenia, donde los actos homosexuales son ilegales en virtud de leyes de la época colonial, el Proyecto de Ley 2023 sobre la Protección de la Familia, que actualmente permanece estancado en la fase previa a su promulgación, busca establecer una definición estrictamente heterosexual de la familia e introducir sanciones penales severas, incluida la pena de muerte, por realizar o “promover” actos homosexuales.
En Trinidad y Tobago también se han producido retrocesos. Un tribunal de apelaciones dictó una sentencia que revocó la despenalización de las relaciones homosexuales y restableció sanciones de la época colonial que establecían penas de hasta veinticinco años de prisión. Las medidas represivas se han intensificado en Senegal, Túnez y muchos otros países donde la homosexualidad es ilegal. Se ha detenido a personas en virtud de leyes sobre indecencia y moralidad y se las ha sometido a exámenes forzados basados en su orientación sexual o su identidad de género real o percibida.
En Asia Central, el presidente de Kazajistán ratificó a finales de 2025 una ley de estilo ruso que prohíbe la “propaganda gay”, proscribe las representaciones positivas de las personas LGBTQI+ en el ámbito educativo, los medios de comunicación y las plataformas digitales, y prevé multas y detenciones.
Varios Estados también están restringiendo los derechos reproductivos y tratando de controlar el cuerpo de las mujeres. En Rusia, el gobierno lanzó una campaña contra la “propagandización de la vida sin hijos” mediante la aplicación de una nueva ley que proscribe la promoción de los llamados estilos de vida sin hijos en el cine, la publicidad, los medios de comunicación y los contenidos digitales. Esta medida forma parte de una tendencia más amplia entre los gobiernos populistas y nacionalistas de derechas que intentan contrarrestar la caída de la natalidad, a menudo acompañada de narrativas racistas basadas en teorías conspirativas sobre la supremacía blanca y el reemplazo de grupos de población establecidos.
Las salvaguardias básicas que protegen la integridad física, como la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF), han sido objeto de ataques. En Gambia, a finales de 2024 se logró frenar una tentativa que buscaba derogar la prohibición de la MGF; sin embargo, la batalla legal continúa y actualmente se ha trasladado al Tribunal Supremo.
Además de Estados Unidos, otros países también están desmantelando las infraestructuras para la protección de derechos amparándose en una narrativa “antiwoke”. En Argentina, el presidente libertario de extrema derecha Javier Milei retiró los programas destinados a las supervivientes de la violencia de género y tiene la intención de eliminar el feminicidio del Código Penal como factor agravante en las sentencias por homicidio, pues considera que las categorías específicas basadas en el género confieren privilegios.
La situación se ha deteriorado aún más en Afganistán e Irán, dos países con sistemas de apartheid de género. En Afganistán, las autoridades talibanes aplicaron decretos destinados a borrar a las mujeres de la vida pública y restringir su libertad de movimiento, entre otras cosas, impidiendo el acceso a los recintos de las Naciones Unidas al personal y los contratistas afganos de sexo femenino. En septiembre, los talibanes bloquearon el acceso a internet en todo el país con el pretexto de prevenir la inmoralidad, lo que, en la práctica, supuso cortar el acceso a espacios educativos, laborales y de resistencia.
En Irán, dos años y medio después de las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad, el gobierno intensificó su represión contra quienes apoyaban el movimiento. En 2025 se produjo un aumento espectacular de las ejecuciones: fueron ejecutadas al menos 1.922 personas, la cifra más alta en 15 años y más del doble que en 2024. Ya que la resistencia constante obligó a las autoridades a tolerar a las mujeres sin velo en los principales centros urbanos, cambiaron sus tácticas para hacer cumplir la ley: remplazaron las patrullas visibles en la vía pública por medidas burocráticas y administrativas, y ampliaron la vigilancia mediante el despliegue de drones, sistemas de reconocimiento facial, cámaras de reconocimiento de matrículas y una aplicación respaldada por el gobierno para animar a la población a denunciar las infracciones relacionadas con el uso del hiyab.
En todo el mundo, la sociedad civil está resistiendo, obstruyendo, retrasando o debilitando medidas regresivas, y cosechando victorias a pesar de las circunstancias adversas.
Activistas marchan en Pretoria, Sudáfrica el 11 de abril de 2025 para exigir que la violencia de género y el feminicidio sean declarados catástrofe nacional. Foto de Marco Longari/AFP
La resistencia es muy visible en las calles, especialmente en dos momentos clave: el Día Internacional de la Mujer y la temporada del Orgullo. El 8 de marzo de 2025, mujeres de todo el mundo salieron a protestar por la escalada de los ataques contra los derechos, denunciar la violencia de género, exigir derechos reproductivos y expresar su solidaridad con las comunidades oprimidas. Las mujeres se movilizaron contra la violencia de género durante todo el año, tanto en respuesta a los casos de feminicidio como con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. En Sudáfrica, los movimientos feministas lograron una victoria histórica cuando el gobierno declaró la violencia de género y los feminicidios catástrofe nacional.
En Letonia, la sociedad civil consiguió repeler una reacción adversa. En 2023, el Estado ratificó el Convenio de Estambul —el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica—, el cual entró en vigor en mayo de 2024. Sin embargo, en octubre de 2025, las fuerzas conservadoras celebraron una votación en el Parlamento sobre la retirada del convenio. La sociedad civil tuvo que ejercer una fuerte presión mediante manifestaciones de gran envergadura y una petición para detener el proceso de retirada hasta que se tome una decisión definitiva tras las próximas elecciones de 2026.
En 2025, el Orgullo movilizó a la resistencia. En Budapest, decenas de miles de personas desafiaron la prohibición, se enfrentaron a la represión en Estambul y acudieron en masa al WorldPride de Washington D.C., negándose a dejarse intimidar por Trump. Por su parte, el Orgullo de Puerto Rico se convirtió en un acto de resistencia cívica contra la Ley de Libertad Religiosa, que permite denegar servicios a las personas LGBTQI+. En otra muestra de resistencia, más de 100.000 personas asistieron al Orgullo Trans+ de Londres. En Bangkok, durante el desfile del Orgullo más grande de Asia, la ciudadanía inundó las calles para celebrar el matrimonio igualitario. Si bien en algunos países del Norte global el abandono de las políticas de DEI por parte de las empresas provocó problemas de financiación a los organizadores del Orgullo, también ofreció una oportunidad para liberar esta celebración de la influencia despolitizadora del sector privado y recuperar su carácter radical original.
Desfile del Orgullo durante la inauguración del Mes del Orgullo en Bangkok, Tailandia el 1º de junio de 2025. Foto de Anusak Laowilas/NurPhoto vía AFP
Los tribunales siguen siendo campos de batalla cruciales y los litigios estratégicos permiten obtener avances tangibles. En Polonia, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que redujo las barreras para que las personas trans pudieran cambiar de género legalmente al eliminar la obligación de demandar a sus progenitores. En Santa Lucía, el Tribunal Supremo del Caribe Oriental derogó las leyes coloniales que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo, convirtiéndose así en el quinto país caribeño en despenalizar la homosexualidad en los últimos años.
A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que reconoció los cuidados como un derecho humano fundamental e instó a los Estados a que crearan sistemas de cuidado universales, redistribuyeran la responsabilidad de los cuidados de manera más equitativa e integraran los cuidados en las políticas nacionales. La resolución respaldó los argumentos feministas de larga data que señalaban que las labores de cuidados, a menudo invisibles e infravaloradas, tienen un inmenso valor económico y social, y aportó un marco jurídico para la construcción de sociedades más justas en las que los cuidados sean una responsabilidad compartida.
Los tribunales también promovieron la autonomía y la integridad física de las mujeres. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental dictó una sentencia histórica contra Sierra Leona, en la que afirmó que la mutilación genital femenina constituye un acto de tortura y concluyó que el Estado había violado sus obligaciones en materia de derechos humanos al no tipificarla como delito. En Malaui y Nigeria, los tribunales dictaron sentencias que reconocieron el derecho al aborto seguro para las supervivientes de violencia sexual, sentando importantes precedentes en la región. En el Reino Unido, el Parlamento finalmente derogó una ley de la época victoriana que penalizaba el aborto en Inglaterra y Gales.
Protesta contra un proyecto de ley que obligaría a las víctimas a demostrar que se resistieron físicamente a la agresión sexual en Roma, Italia, el 15 de febrero de 2026. Foto de Andrea Ronchini/NurPhoto
La sociedad civil también cosechó victorias legislativas y políticas fuera de los tribunales. La presión constante de la sociedad civil y de las instituciones europeas llevó a Polonia a derogar su última “zona libre de LGBT”, revirtiendo así por completo una campaña que, desde 2019, había llevado a un centenar de municipios a declararse hostiles hacia las personas LGBTQI+. En Liechtenstein y Tailandia entraron en vigor las leyes sobre el matrimonio igualitario.
Tras años de incidencia feminista, al menos otros tres países de la UE —Francia, Polonia y la República Checa— adoptaron definiciones de violación basadas en el consentimiento, entendida como todo acto sexual cometido sin consentimiento libre y explícito. En Italia, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley similar, pero el Senado lo rechazó, eliminó el consentimiento como elemento definitorio y volvió a exigir que las víctimas demostraran que se habían opuesto de forma explícita.
La incidencia de la sociedad civil consiguió avances en Kazajistán, donde una ley tipificó como delito el matrimonio forzado y eliminó una laguna jurídica que permitía que los autores de raptos de novias eludieran su castigo, así como en Somalia, donde la nueva ley contra la mutilación genital femenina del estado de Jubaland sentó un precedente que podría impulsar la adopción de una ley nacional integral.
Los derechos reproductivos registraron avances en Europa, a pesar de la oleada antiabortista promovida desde Estados Unidos. Las Islas Feroe, un territorio autónomo danés, legalizaron la interrupción del embarazo a petición hasta las doce semanas, mientras que Dinamarca y Noruega elevaron el límite de doce a dieciocho semanas. En los Países Bajos, se autorizó a los médicos generalistas a recetar fármacos abortivos hasta las nueve semanas, trasladando así la atención fuera de las clínicas especializadas. En Luxemburgo, los legisladores abolieron el período de espera obligatorio de tres días y llegaron a un acuerdo para consagrar la “libertad para abortar” en la Constitución.
En Estados Unidos, la coalición contra la trata Mundo Sin Explotación llevó a cabo una campaña para exigir la aprobación de la Ley de Transparencia sobre los Archivos Epstein, que finalmente se promulgó en noviembre. Más de una veintena de mujeres que habían sido explotadas sexualmente por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se expresaron públicamente, muchas de ellas por primera vez. La coalición colocó vallas informativas por todo el país, difundió un anuncio televisivo en horario de máxima audiencia y organizó actividades de incidencia directa con el fin de presionar a los legisladores para que aprobaran la ley. Las activistas que defienden los derechos de las mujeres siguen denunciando la protección de la que gozan los hombres ricos, cuyos nombres se han ocultado en los archivos que se han hecho públicos, mientras que las mujeres supervivientes han sido revictimizadas al revelarse su identidad.
A nivel mundial, las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres están haciendo campaña para la elección de una mujer feminista como secretaria general de la ONU y siguen estableciendo agendas políticas progresistas en el seno de la CSW y del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que se encarga de revisar los progresos en los ODS. A nivel regional, contribuyeron a dar forma al Compromiso de Tlatelolco, adoptado durante la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que estableció un programa regional de diez años centrado en la igualdad de género y la economía de los cuidados. También participaron en la creación de la Hoja de ruta sobre los derechos de la mujer de la Comisión Europea, que instauró un nuevo marco jurídico para combatir los actos violentos facilitados por la tecnología y para garantizar la igualdad salarial en todos los Estados miembros para 2030.
Los mecanismos internacionales trajeron consigo la promesa de que los autores de los abusos más graves rendirían cuentas. En medio de una campaña de la sociedad civil para que el apartheid de género sea reconocido como un delito internacional, en enero de 2025 la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el líder talibán afgano Haibatullah Akhundzada y el presidente del Tribunal Supremo de Afganistán por persecución por motivos de género.
Estas victorias y reveses demuestran que el reconocimiento de los derechos no está garantizado ni es permanente y por lo tanto es necesario defenderlos constantemente frente a quienes tratan de negarlos.
Las luchas se desarrollan en el marco de estructuras más amplias que erosionan la democracia. La intensificación de los ataques contra los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ forma parte de una estrategia política deliberada en la que las cuestiones de género sirven de campo de batalla para enfrentamientos subyacentes en torno al poder, la autoridad y los límites de la democracia. La retórica antigénero es especialmente eficaz en contextos de inseguridad económica y polarización política, en los que los temas relacionados con la guerra cultural pueden granjear apoyos y desviar la atención de los fracasos económicos y de gobernanza.
La resistencia puede adoptar numerosas formas: campañas, incidencia, litigios, movilizaciones callejeras, desafío abierto y persistencia silenciosa. Cada enfoque responde a contextos distintos y genera diferentes tipos de poder. La resistencia se está produciendo incluso en Afganistán, donde las mujeres siguen organizándose en un contexto de máxima represión.
Si bien las victorias legales son importantes, los activistas que las han conseguido también comprenden sus límites. Las leyes que despenalizan la homosexualidad y reconocen los derechos de las personas trans sientan las bases, pero por sí solas no pueden erradicar los prejuicios profundamente arraigados que sustentan la discriminación y la violencia; por consiguiente, sigue siendo necesario un trabajo de mayor calado para promover cambios políticos y sociales.
Algunas de las victorias recientes más importantes de la sociedad civil han pasado desapercibidas y han servido más para evitar retrocesos que para lograr avances: se han paralizado leyes, suavizado disposiciones, limitado la implementación de políticas regresivas y reorientado agendas. Las victorias defensivas rara vez generan titulares; sin embargo, son el resultado de la creación de coaliciones y de una labor de incidencia incesante. Sin ellas, las propuestas más extremas irían mucho más lejos y avanzarían mucho más rápido.
Los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ siguen siendo un asunto controvertido, marcado por la incertidumbre de las luchas políticas. La victoria no está asegurada, pero tampoco la derrota. Los reaccionarios están bien organizados, pero también lo está la resistencia. Aquellos que se niegan a aceptar lo inaceptable están construyendo activamente el camino a seguir.