CONFLICTO: IMPUNIDAD DESENFRENADA
- La población civil, incluidos los periodistas, los trabajadores humanitarios y los activistas de la sociedad civil, está siendo blanco de ataques en los conflictos. Esta situación es el reflejo de un colapso más amplio del derecho internacional humanitario propiciado por una impunidad arraigada. Esta impunidad se ha puesto de manifiesto en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, los ataques de Rusia contra civiles en Ucrania, la limpieza étnica llevada a cabo por las milicias sudanesas con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la guerra que la junta militar de Birmania libra contra su propio pueblo.
- Los acuerdos de paz contemporáneos son, en su mayoría, superficiales, permiten que los responsables queden impunes y no abordan las causas profundas. Un ejemplo de ello es la concepción que tiene Donald Trump de la paz, a la que considera un ejercicio de relaciones públicas, en el que los acuerdos que acaparan los titulares sirven a sus intereses y que, con frecuencia, parecen motivados por la esperanza de obtener beneficios materiales, por ejemplo, mediante la especulación inmobiliaria en Gaza, las concesiones mineras en la República Democrática del Congo (RDC) y el acceso al petróleo en Venezuela. En combinación con el aumento del gasto militar, los acuerdos superficiales hacen más probable que se reanuden los conflictos.
- A pesar de que afronta graves riesgos, la sociedad civil responde proporcionando ayuda humanitaria a nivel local y documentando las violaciones de derechos en zonas de conflicto de todo el mundo. En Gaza, el genocidio ha desencadenado un movimiento de resistencia global sin precedentes: muchas personas se han sentido obligadas a protestar y alzar la voz, mientras que grupos de derechos humanos, estudiantes y sindicatos han recurrido a boicots, litigios y otras estrategias, al tiempo que se enfrentan a una represión estatal cada vez mayor.
El conflicto de Medio Oriente ha entrado en una nueva y mortífera fase con los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, con el fin de provocar un cambio de régimen, e Irán respondiendo con ataques a los Estados vecinos. Esta es la última guerra en un mundo sumido en una espiral de conflictos que transforman la violencia en una realidad cotidiana para un gran número de personas. Estimaciones conservadoras sugieren que al menos 240.000 personas fueron asesinadas en conflictos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Para muchos millones más, los conflictos armados dictan su día a día. Cada vez es más frecuente que un gran número de las víctimas mortales sean civiles, muchas de ellas mujeres y niños, y que los activistas, los trabajadores humanitarios y los periodistas sean blanco de ataques deliberados. Un estudio reciente sugiere que los crímenes atroces se están normalizando porque sus autores constatan que otros los perpetran y salen impunes. A medida que las violaciones quedan impunes, el derecho internacional humanitario se está desmoronando debido a una gran sucesión de infracciones.
La impunidad permite que se esté llevando a cabo el genocidio mejor documentado de la historia de la humanidad. Israel ha asesinado a por lo menos 70.000 personas en Gaza ―centenares de ellas desde el alto el fuego de octubre―, una cifra que podría subestimar el número real de víctimas. La impunidad de Israel ha puesto de manifiesto la insuficiencia de una arquitectura internacional diseñada para prevenir los genocidios y ha suscitado una oleada mundial extraordinaria de empatía, solidaridad y resistencia.
Otros conflictos corren el riesgo de quedar eclipsados por las atrocidades cometidas en Gaza y ahora por la guerra en Irán. La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania se encuentra en su cuarto año, mientras Rusia bombardea deliberadamente a la población civil, traslada por la fuerza a decenas de miles de niños ucranianos a zonas bajo su control y tortura a personas detenidas. Los conflictos continúan en la RDC y Birmania, mientras que se estima que entre 150.000 y 250.000 personas han sido asesinadas en Sudán desde abril de 2023 por las fuerzas armadas del gobierno y las milicias insurgentes respaldadas por los EAU. Sudán atraviesa la mayor crisis de desplazados del mundo: 15 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares; a pesar de esto, la atención que recibe es escasa e insuficiente.
La sociedad civil está dando la voz de alarma, trabajando para denunciar las violaciones, ayudar a las personas necesitadas y exigir una paz verdadera que proteja los derechos humanos y traiga justicia. Sin embargo, debe desarrollar su labor en un contexto global volátil, caracterizado por la impunidad rampante, las restricciones del espacio cívico, el colapso de la financiación y la reafirmación de las dinámicas de poder globales.
Israel ha asesinado a cientos de trabajadores humanitarios y periodistas, y hay pruebas claras de que lo hizo de forma deliberada. Los riesgos son elevados en Sudán, donde los esfuerzos humanitarios se enfrentan obstáculos adicionales derivados de órdenes de emergencia restrictivas. En la RDC, la sociedad civil enfrenta amenazas de secuestro, asesinato, violencia sexual y torturas provenientes de las milicias. En Birmania, la junta militar, que está en guerra con fuerzas prodemocráticas y milicias étnicas, ha detenido a más de 27.000 activistas y manifestantes, a los que ha torturado de forma sistemática cuando estaban detenidos.
La sociedad civil se enfrenta actualmente a una crisis de financiación. El desmantelamiento de USAID por parte del gobierno de Trump y los recortes de varios Estados europeos han afectado gravemente a las iniciativas de respuesta a conflictos y de consolidación de la paz. En Ucrania, en un contexto en el que aumenta el cansancio por la guerra, y que Rusia no da señales de querer realmente la paz, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes se ven abocados a una lucha para obtener fondos. Mientras tanto, en Birmania, la pérdida del apoyo estadounidense a los medios de comunicación independientes amenaza con silenciar una respuesta vital a la propaganda de la junta. En Sudán, la pérdida de financiación ha obligado a poner fin a muchas iniciativas humanitarias, mientras que en Colombia, los recortes han obstaculizado la labor de los grupos que velan por la aplicación del acuerdo de paz de 2016, en medio de un resurgimiento de la violencia.
En Gaza, el gobierno israelí ha bloqueado sistemáticamente la ayuda en el marco de una estrategia que busca utilizar el hambre y la escasez crónica como arma. En febrero de 2025, concedió el monopolio en el suministro de ayuda a la Fundación Humanitaria Gaza, un opaco organismo estadounidense. Su insistencia para que la ayuda se entregara exclusivamente en unos pocos puntos creó trampas mortales, ya que las personas desesperadas que se congregaban en los puestos de ayuda fueron asesinadas a tiros por las fuerzas israelíes. La organización cerró sus puertas tras el alto el fuego de octubre.
En diciembre, Israel prohibió a 37 organizaciones de la sociedad civil internacionales operar en Palestina, entre ellas ActionAid, Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de Rescate. En virtud de una nueva normativa, el gobierno puede denegar el registro de organizaciones por el apoyo a boicots y la apertura de causas judiciales contra personal de las fuerzas armadas, entre otros motivos.
A medida que disminuye la ayuda, se dispara el gasto militar. En todo el mundo, el gasto militar mundial ascendió a 2,7 billones de dólares en 2024, unas 13 veces más de lo que los Estados destinan a ayudas. Con una fracción de esa cantidad —300.000 millones—, se podría erradicar la pobreza extrema y con 1 billón se cubriría el déficit anual de financiación para la transición y la adaptación climáticas.
La invasión rusa de Ucrania en 2022 empujó a los Estados europeos a aumentar su gasto en defensa. Sin embargo, Trump exige que paguen aún más e insiste en que Estados Unidos asume una proporción excesiva del coste de la OTAN. También está intimidando a los Estados para que cumplan con sus exigencias y amenazándolos con condicionar la aplicación del artículo 5 de la OTAN —la disposición sobre la defensa colectiva— a los niveles de gasto en defensa. Esta presión se hizo patente durante la cumbre de la OTAN de 2025, en la que la mayoría de los miembros se comprometieron a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB para 2035. Aquellos Estados que se niegan a hacerlo, como España, podrían enfrentar represalias por parte de Estados Unidos.
En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, Países Bajos, en junio de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump obtuvo de sus aliados europeos la promesa de aumentar su gasto en defensa al 5% de su PIB. Foto de Piroschka Van De Wouw/Reuters vía Gallo Images
Los recortes adicionales y casi inevitables de las ayudas y del gasto social para financiar el gasto militar supondrán una enorme transferencia de riqueza desde las personas necesitadas a las empresas armamentísticas. En el Reino Unido, por ejemplo, las ayudas se reducirán en un 27% durante el próximo ejercicio fiscal para poder aumentar el gasto militar.
Esta situación plantea dos retos para la sociedad civil. El primero es defender el gasto social, tanto a nivel nacional como internacional; para ello será necesario ganar los debates públicos sobre la distribución de los recursos. El segundo es examinar el gasto en defensa y sacar a la luz la corrupción. La industria de la defensa tiene un enorme poder de presión. Las compras son secretas; las cadenas de suministro, complejas; y las puertas giratorias entre los gobiernos y las empresas armamentísticas, frecuentes. Además, los políticos sacan provecho de sus conexiones; prueba de ello es que la industria de la defensa es uno de los principales donantes del Partido Republicano estadounidense. En este contexto, un fuerte aumento del gasto conllevaría una mayor corrupción.
Los Estados deben comprometerse con la transparencia. Si bien los ministerios de Defensa y la OTAN rara vez colaboran con la sociedad civil, deben reconocer su papel en el escrutinio del gasto militar y trabajar con ella para desarrollar normas de rendición de cuentas más estrictas.
En Ucrania, el país con mayor gasto per cápita en defensa del mundo, la decisión del Parlamento de fragilizar los organismos anticorrupción provocó las primeras protestas multitudinarias desde la invasión rusa a gran escala. A pesar de la ley marcial, hubo manifestaciones incluso en las ciudades situadas en el frente. Resulta alentador que las autoridades no hayan reprimido las protestas y que el presidente Volodímir Zelenski haya reconocido la presión y dado marcha atrás, una respuesta que sería impensable en Rusia.
Trump no solo es un adalid del aumento del gasto militar, sino también un buen ejemplo de una tendencia en auge: lograr la paz de manera superficial. Su afirmación de haber puesto fin a ocho guerras no resiste un análisis riguroso. Se observan dos patrones recurrentes. El primero es la transformación de los alto el fuego en un mero espectáculo, que no logra frenar las masacres tras la firma de supuestos acuerdos de paz, como ocurrió con el alto el fuego de octubre en Gaza, que permitió a Israel contener la indignación popular y la presión internacional mientras continuaba con los asesinatos. Los combates también se han proseguido en RDC tras el alto el fuego de diciembre negociado por Catar y Estados Unidos. Asimismo, el conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia se reactivó, pese a los dos acuerdos en los que participaron China, Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
El segundo patrón es el establecimiento de la paz sin justicia. En Siria, el rápido reconocimiento del gobierno de transición que salió victorioso de la guerra civil dejó sin resolver importantes cuestiones en materia de justicia, y las fuerzas kurdas y sirias siguieron luchando hasta el alto el fuego de enero de 2026. La intervención de Estados Unidos detuvo las hostilidades entre la India y Pakistán por Cachemira, una disputa que se remonta a la partición de 1947. Sin embargo, una paz duradera sigue siendo un anhelo lejano y las violaciones de derechos humanos continúan en esa región. Además, dado que ambos países poseen armas nucleares y que sus líderes no dan señales de abandonar su retórica belicista, existe la posibilidad de que se produzca una nueva guerra con repercusiones a nivel mundial.
Un soldado indio monta guardia frente a la Casa Haj en Srinagar, Jammu y Cachemira, el 14 de mayo de 2025, mientras los peregrinos reanudan su viaje a La Meca tras un alto el fuego que ha reabierto el espacio aéreo de la región. Foto de Sharafat Ali/Reuters vía Gallo Images
Con todo, el conflicto de décadas entre Armenia y Azerbaiyán por la disputada región de Nagorno Karabaj podría haber terminado con un acuerdo de paz negociado por el gobierno estadounidense. Mientras Trump exaltaba las oportunidades comerciales, la sociedad civil ha seguido asumiendo la verdadera labor para la consolidación de la paz, ayudando a las personas de etnia armenia que se vieron obligadas a huir a raíz de la intervención decisiva de Azerbaiyán y trabajando para disipar décadas de desconfianza.
Se trata de ejercicios de relaciones públicas más que de verdaderas iniciativas para la paz, ya que las causas de los conflictos permanecen inalteradas y los perpetradores siguen disfrutando de impunidad. El enfoque personalista que encarna Trump llena el vacío dejado por la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, que permanece bloqueado por los poderes de veto de China, Rusia y Estados Unidos. Las organizaciones regionales, como la Unión Africana y la ASEAN, se muestran cautelosas cuando los intereses de sus Estados miembros se ven comprometidos en los conflictos. De este modo, los Estados poderosos tienen la vía libre para promover sus intereses mediante su participación en conflictos y procesos de paz.
Los procesos de paz contemporáneos suelen estar estrechamente vinculados a la consecución de intereses materiales. China, Estados Unidos y Rusia buscan acceder a combustibles fósiles, minerales y otros recursos. Los amigos del sector inmobiliario de Trump están dispuestos a sacar provecho de la reconstrucción de Gaza, mientras que la intervención estadounidense en Venezuela ha abierto oportunidades para las industrias petroleras y gasísticas, contribuyentes clave de la campaña de Trump. Asimismo, el acuerdo con la RDC dio lugar a concesiones mineras y, dado que el acceso a las tierras raras es una prioridad estratégica para Washington en Ucrania, esto podría arrojar luz sobre el cambio de postura de Estados Unidos hacia la junta militar de Myanmar.
Los Estados poderosos siguen recurriendo a la violencia para perseguir sus propios intereses. Rusia está aplicando esta lógica en Ucrania, mientras que el gobierno estadounidense está afirmando su supremacía aérea allá donde le parece oportuno. Calificados de “quirúrgicos”, estos ataques acaban con la vida de civiles. En Irán, cientos de personas han perdido la vida, algunas de ellas a raíz del bombardeo de una escuela. Estados Unidos también ha dirigido sus ataques contra militantes alineados con el Estado Islámico en Nigeria y contra embarcaciones que presuntamente transportaban estupefacientes en el Caribe, antes de que llevara a cabo su intervención en Venezuela. Sus 36 ataques, que causaron la muerte de al menos 125 personas, constituyen múltiples violaciones del derecho internacional.
El rechazo del derecho a la autodeterminación es un tema recurrente. En 2026, Estados Unidos volvió a amenazar con anexionar Groenlandia. Los intereses de defensa, económicos y estratégicos convergen en las rutas marítimas que abrirá el cambio climático y tanto China como Estados Unidos y Rusia se las disputan. Además, este país cuenta con abundantes tierras raras en su subsuelo. En este contexto, las amenazas de Estados Unidos sumieron a la OTAN en un estado de desconcierto hasta el inicio de unas negociaciones a puerta cerrada en las que se obvió el derecho del pueblo groenlandés para determinar su propio futuro.
Las políticas de Israel también cercenan el derecho de la población palestina a decidir sobre su futuro. Ante la innegable realidad del genocidio, varios Estados del Norte global reconocieron tardíamente a Palestina como Estado, un paso necesario hacia una solución de dos Estados. En enero, un conjunto de Estados del Sur global formó el Grupo de La Haya y se comprometió a poner fin a las transferencias de armas y los lazos financieros con Israel. No obstante, el plan que ha acabado imponiéndose apuesta por una gobernanza tecnocrática desde el exterior y cuenta con el respaldo de una ambigua resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Gaza estará gobernada por un comité de la Junta de Paz de Trump compuesto por sus aliados, pero sin representación palestina. El plan de reconstrucción presentado en enero de 2026 detalla un experimento futurista de ingeniería social que contempla la instauración de una zona de amortiguación israelí permanente, así como la construcción de nuevas ciudades que estarán vigiladas mediante sistemas de alta tecnología. En este marco, el Comité Nacional para la Administración de Gaza ―un organismo propuesto y dirigido por palestinos― quedaría relegado a un papel subalterno, privando así a la población palestina de una capacidad de decisión real y dejando la ocupación israelí sin oposición.
Los Estados involucrados en conflictos también se protegen mutuamente para evitar rendir cuentas. Mientras que Estados Unidos protege a Israel, otros países aplican estrategias similares. Los EAU alimentan la guerra civil en Sudán para consolidar su influencia en la región y obtener beneficios económicos. Para ello, brindan un amplio apoyo a milicias brutales, al tiempo que se protegen de las presiones gracias a sus fuertes lazos con Estados del Norte global, como el Reino Unido y Estados Unidos. De la misma manera, Ruanda se beneficia de relaciones internacionales similares para obtener beneficios de la extracción de minerales a cambio de su apoyo a las fuerzas rebeldes que masacran a civiles en el este de la RDC. Asimismo, el gobierno militar de Birmania ha cultivado vínculos económicos, militares y políticos con Estados autoritarios, en particular con China, India y Rusia, y ha logrado que Estados Unidos levantara sus sanciones con el pretexto de la reciente celebración de una farsa electoral.
El resultado es una paz de fachada. Los acuerdos alcanzados no contribuyen en nada a que los autores de las atrocidades rindan cuentas ni a abordar las raíces profundas del conflicto, y aumentan considerablemente la probabilidad de que se produzcan más actos de violencia y violaciones de los derechos humanos. La casi certeza de impunidad, el incremento del gasto militar y la división del mundo en esferas de influencia lideradas por China, Rusia y Estados Unidos garantizan casi con total seguridad más conflictos. Esta situación se ha materializado recientemente en Medio Oriente. Actualmente, es posible que se esté gestando una nueva carrera armamentística nuclear en Europa y, en el futuro, Rusia podría llevar a cabo incursiones estratégicas en las fronteras para poner a prueba la determinación de la OTAN, China podría acometer una anexión forzosa de Taiwán y la India y Pakistán podrían enzarzarse en un enfrentamiento catastrófico.
En contraste con la concepción de la paz como un ejercicio de relaciones públicas, los grupos locales de la sociedad civil están desempeñando un papel fundamental en la respuesta a los conflictos sobre el terreno. En Gaza, donde la vida es una lucha diaria por la supervivencia y la dignidad, las personas se apoyan mutuamente compartiendo suministros; los grupos locales distribuyen ayuda y proporcionan apoyo psicológico, y los artistas palestinos documentan la destrucción, reafirmando la humanidad de un pueblo al que se deshumaniza.
Manifestación en conmemoración del segundo aniversario del conflicto en Sudán en Londres, Reino Unido, mientras la ciudad acoge una conferencia internacional sobre la crisis el 15 de abril de 2025. Foto de Isabel Infantes/Reuters vía Gallo Images
En la RDC, algunos grupos locales distribuyen artículos de primera necesidad, mientras que otros trabajan para mejorar la transparencia en la extracción de minerales, principal causa del conflicto. En Haití, donde continúa la violencia desenfrenada de las pandillas, grupos de la sociedad civil brindan asistencia a quienes se ven obligados a huir de sus hogares, proporcionándoles refugio temporal, alimentos y apoyo psicosocial. En Sudán, los grupos locales documentan las violaciones, combaten la desinformación y apoyan a las personas desplazadas y a las supervivientes de violencia sexual. Algunos recurren al arte y a técnicas narrativas para promover diálogos sobre la paz y la justicia.
Las comunidades de la diáspora pueden desempeñar un papel crucial. En Tailandia, activistas birmanos afincados en este país utilizan la gastronomía como vehículo para establecer vínculos entre ambas comunidades. Organizan eventos en restaurantes en los que los exiliados explican a los jóvenes tailandeses las dificultades que padece la población birmana.
Los activistas utilizan los vínculos internacionales empresariales, culturales, diplomáticos y deportivos para centrar la atención en los conflictos. Por ejemplo, piden que se termine con el gran patrocinio de los EAU al baloncesto con el fin de llamar la atención sobre su rol en Sudán.
El liderazgo de las mujeres en la sociedad civil es fundamental, ya que los conflictos afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, en particular como resultado de la violencia sexual y de género. Por ejemplo, en Ucrania, organizaciones de derechos de las mujeres proporcionan ayuda humanitaria y colaboran con las autoridades para asegurar que los casos de violencia sexual se documenten adecuadamente y que las respuestas se centren en las supervivientes y reduzcan el estigma.
El genocidio perpetrado por Israel se ha convertido en un acontecimiento generacional y se ha extendido la convicción de que la neutralidad es sinónimo de complicidad. Si bien la resistencia dentro de Israel ha sido escasa, personas de todo el mundo, entre ellas muchas que nunca antes habían participado activamente, se están movilizando para mostrar su solidaridad y exigir el fin de la impunidad.
La acción de la sociedad civil ha cambiado la percepción pública y la respuesta colectiva ante el genocidio. Los jóvenes están tomando la iniciativa, vinculando las reivindicaciones de los derechos del pueblo palestino con las luchas por la justicia económica, racial y social. Organizaciones de derechos humanos, movimientos sindicales y colectivos estudiantiles se han unido para denunciar el papel de los gobiernos, los contratistas de defensa y las empresas tecnológicas, y para pedirles que rompan sus vínculos con Israel y presionen para que respete el derecho internacional.
Movilización de emergencia bajo la consigna “Gaza tiene hambre” en Edmonton, Canadá, el 20 de julio de 2025. Foto de Artur Widak/NurPhoto vía AFP
Las tácticas de la sociedad civil incluyen la protesta, la acción directa, el boicot, la campaña digital y el litigio. Por ejemplo, en Bélgica, cuatro organizaciones de la sociedad civil local consiguieron que un tribunal ordenara al gobierno flamenco detener todas las transferencias de material militar. Los magistrados consideraron que estos envíos violaban el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe la exportación de armamento cuando existe un riesgo grave de violaciones de los derechos humanos. De igual manera, la sociedad civil ha emprendido acciones legales en países como Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido.
En Italia, cientos de miles de personas se sumaron a huelgas generales que bloquearon carreteras y centros de transporte para pedir protección para los participantes en la Global Sumud Flotilla, que intentaba llevar ayuda a Gaza, y para que el gobierno impusiera sanciones a Israel. La presión popular obligó al gobierno a enviar un barco para apoyar a la flotilla y a pronunciarse en contra de los intentos de Israel para negar el estatus de Estado a Palestina.
A pesar de que España goza de una mejor reputación a nivel internacional, mantiene numerosos vínculos con Israel, incluso en el ámbito de la cooperación militar. La sociedad civil ha promovido huelgas generales, protestas masivas y acciones directas. En septiembre, por ejemplo, las acciones directas motivadas por la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España obligaron a cancelar la etapa final, hecho que sensibilizó a la opinión pública sobre los llamamientos para que se establezca un embargo de armas y se rescindan los acuerdos comerciales con Israel. En octubre, una huelga general paralizó las ciudades.
Sin embargo, el movimiento de resistencia al genocidio ha sido víctima de una severa represión. Al menos diecisiete Estados europeos han impuesto restricciones a las protestas en solidaridad con Palestina, han dado rienda suelta a la violencia y han equiparado la disidencia con el terrorismo.
En julio, tras una acción de desobediencia civil en una base aérea para protestar contra la cooperación militar con Israel, el gobierno del Reino Unido incluyó al grupo de acción directa Palestine Action en una lista de organizaciones terroristas . La inclusión en este registro implica que los miembros o simpatizantes de estas organizaciones pueden enfrentarse a penas de hasta catorce años de prisión. Miles de personas han sido detenidas por enarbolar carteles con el lema “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”. En febrero de 2026, un tribunal anuló la prohibición de la organización, pero el gobierno ha anunciado que recurrirá la sentencia. Por su parte, las autoridades alemanas han prohibido dos grupos que hacen campaña a favor de Palestina, y se ha encausado a miles de personas por participar en protestas.
En Estados Unidos, las autoridades han respondido con detenciones masivas de manifestantes pacíficos, mientras que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han detenido, encarcelado y expulsado a residentes extranjeros, y han rastreado las redes sociales en busca de pruebas. En los campus, el activismo se ha reprimido mediante la suspensión de grupos estudiantiles, la imposición de medidas disciplinarias punitivas, la anulación de visados y amenazas de retirada de fondos. En Australia, la Universidad de Melbourne infringió las leyes de privacidad al hacer un seguimiento de los estudiantes que participaron en una protesta a favor de Palestina.
Pese a los obstáculos, la gente seguirá actuando, porque el cambio no se consigue sin una presión organizada desde abajo. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, actualmente paralizado, el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el comercio de armas y la obtención de una financiación estable para la consolidación de la paz no se logrará a menos que la sociedad civil mantenga la presión. En última instancia, es ella —y no líderes como Trump— quien hace posible la paz, pues esta no será duradera sin justicia, derechos humanos y rendición de cuentas.