CLIMA: ENTRE EL COLAPSO Y LA TRANSFORMACIÓN
- El mundo se encuentra inmerso en una carrera entre dos puntos de inflexión opuestos. Por un lado, el colapso climático se ha acelerado ―2025 fue uno de los años más calurosos jamás registrados― y se han intensificado los fenómenos meteorológicos extremos. Y, por otro lado, se está produciendo una transición rápida hacia las energías renovables: la solar y la eólica ya proporcionan más del 30% de la electricidad mundial, y las inversiones en estas energías duplican con creces a las destinadas a los combustibles fósiles.
- Las demoras se han convertido en una nueva forma de negacionismo climático. Las empresas de combustibles fósiles y los Estados petroleros, cuya existencia se ve amenazada por la transición, están utilizando su enorme poder de presión para impedir que cambien las cosas, como sucedió en la COP30, la última cumbre mundial sobre el cambio climático. Con cada día de retraso, aumentan sus beneficios y se agravan los efectos del cambio climático.
- La sociedad civil reclama medidas urgentes contra el cambio climático y aporta soluciones. Está logrando victorias decisivas mediante litigios, como el que desembocó en una sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia, que estableció que los Estados tienen la obligación legal de prevenir los daños causados por el cambio climático. Sin embargo, los activistas se enfrentan a una represión creciente, ya que los Estados y las empresas están respondiendo con campañas de difamación, detenciones, violencia y procesos judiciales para acallar las críticas. Todo esto dispersa los esfuerzos de la sociedad civil y retrasa aún más la lucha contra el cambio climático.
Junto con 2023 y 2024, 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia. En octubre, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reconoció que es inevitable que la temperatura global aumente más de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales ―el umbral que establecía el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global. Ese año estuvo marcado por sequías, inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos. A medida que el planeta se calienta, se acerca a umbrales que probablemente acelerarán el colapso climático y amplificarán sus efectos.
Tuvalu, un país insular de baja altitud que está perdiendo parte de su territorio debido al aumento del nivel del mar, ha elaborado planes para preservar su identidad y su condición de Estado en caso de que su territorio desaparezca. Se trata de una injusticia climática, ya que esta pequeña nación no ha contribuido prácticamente en nada a las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático; pese a esto, se enfrenta a consecuencias que amenazan su existencia. En diciembre llegaron a Australia los primeros migrantes climáticos procedentes de Tuvalu.
Al mismo tiempo, se está produciendo una revolución en el sector de las energías renovables. La producción de energía solar y eólica no deja de abaratarse y su implementación no para de crecer. En la actualidad, las energías renovables generan más del 30% de la electricidad que se produce en todo el mundo. Las inversiones en energías renovables duplican con creces a las destinadas a los combustibles fósiles. Los países asiáticos lideran esta tendencia y China está realizando enormes inversiones en energías renovables, vehículos eléctricos y trenes de alta velocidad. También están dejando de lado el carbón. En noviembre, Corea del Sur, el cuarto importador mundial de carbón para centrales térmicas, anunció planes para eliminar gradualmente las plantas carboeléctricas. Países como Costa Rica, Islandia y Uruguay generan casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables.
Es evidente que la situación es compleja. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción de electricidad solo son una parte del problema, ya que también es necesario y urgente atajar las emisiones procedentes de la agricultura, la industria, el transporte y otros sectores. Aunque la demanda de electricidad sigue aumentando, no se presta suficiente atención a la gestión del consumo y a la mejora de la eficiencia. Los enormes centros de datos que se están construyendo para la inteligencia artificial necesitan cantidades ingentes de electricidad y agua, y esto tiene consecuencias desproporcionadas en los países del Sur global, donde se encuentran muchos de ellos. Además, el calentamiento global está provocando un aumento de la demanda de sistemas de refrigeración. Algunos Estados están pasando del carbón al gas natural, compuesto principalmente por metano (un potente gas de efecto invernadero), y están priorizando grandes proyectos como la controvertida presa de Etiopía, sin prestar suficiente atención a su impacto ambiental.
Las tecnologías renovables requieren minerales procedentes de tierras raras, una necesidad que está provocando una mayor competencia entre las grandes potencias (China, Rusia y Estados Unidos). La extracción de estos minerales tiene un coste para el medio ambiente y para los derechos humanos. La sociedad civil está concienciando sobre los abusos sistemáticos en las cadenas de suministro en países africanos, Europa del Este y Asia Central. En Portugal, al igual que en otros países, las comunidades se oponen a los proyectos de extracción de litio ―un elemento crucial para las baterías, pero cuya extracción conlleva impactos considerables e inevitables― y proponen alternativas, como mejorar el reciclaje.
La tendencia no es lineal y la industria de los combustibles fósiles halla un respiro en acontecimientos disruptivos, como la guerra de Rusia contra Ucrania y la vuelta al poder de Donald Trump. Las empresas de combustibles fósiles, que financiaron la campaña de Trump, están cosechando los frutos de su decisión de abandonar los proyectos de energía renovable y se beneficiarán de su intervención en Venezuela.
No obstante, la economía está experimentando cambios: los argumentos económicos para justificar la extracción de combustibles fósiles son cada vez más difíciles de defender, mientras que aquellos a favor de las energías renovables están cobrando más fuerza. La sociedad civil está desempeñando un papel crucial, por ejemplo, mediante las acciones de incidencia promovidas por los accionistas. Sin embargo, la transición hacia las energías renovables supone una amenaza para las empresas de combustibles fósiles, las cuales están haciendo todo lo posible para retrasarla. En este contexto, posponer las medidas para luchar contra el cambio climático se ha convertido en una nueva forma de negacionismo, ya que con cada día de retraso aumentan los beneficios para las empresas de combustibles fósiles, pero se agravan las consecuencias para las personas más vulnerables de todo el mundo.
La industria de los combustibles fósiles salió indemne de la COP30, la última cumbre mundial sobre el cambio climático. Una vez más, los Estados no se comprometieron a acelerar el abandono gradual de los combustibles fósiles. La cumbre, celebrada en Brasil, evidenció el deterioro del multilateralismo. El gobierno de Trump, que está en proceso de retirarse del Acuerdo de París, se mantuvo al margen, dejando un vacío de liderazgo que China y la Unión Europea (UE) no lograron llenar.
Miembros de pueblos indígenas reclaman justicia climática y protección de sus territorios en la COP30 celebrada en Belém, Brasil, el 17 de noviembre de 2025. Foto de Anderson Coelho/Reuters vía Gallo Images
Las tensas negociaciones produjeron soluciones de compromiso que trasladaron respuestas clave de los procesos oficiales a procesos voluntarios liderados por los Estados interesados en hacerlo, entre ellas una hoja de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, un plan para combatir la deforestación y una iniciativa para acelerar la aplicación de los acuerdos. Si bien estas iniciativas podrían generar algún avance, también pusieron de manifiesto las deficiencias de los procedimientos de la COP. El hecho de que las decisiones se tomen por consenso implica que un solo Estado puede bloquear una medida, y los Estados petroleros, como Arabia Saudita, suelen hacerlo. Además, cuando los Estados que están dispuestos a actuar lo hacen, los que no lo están pueden simplemente decidir no participar, a pesar de que el Acuerdo de París los obliga a hacerlo.
Otro fallo fundamental fue permitir el acceso a más de 1600 grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, los cuales superaron en número a casi todas las delegaciones estatales presentes en la COP30. Mientras tanto, las voces de la sociedad civil y de los pueblos indígenas luchan por hacerse oír. Aun así, la COP30 ofreció más oportunidades para la participación que sus tres ediciones anteriores, organizadas por Estados con un espacio cívico cerrado, y condujo a cierto reconocimiento oficial de los derechos y del papel de los pueblos indígenas. No obstante, la sociedad civil siguió estando en gran medida excluida y se enfrentó a fuerzas de seguridad militarizadas.
El mayor logro de la COP30 fue la aprobación del Mecanismo de Acción de Belém, un programa de trabajo sobre una transición justa que la sociedad civil lleva reclamando desde hace años. En él quedaron reflejados los esfuerzos de la sociedad civil para situar la justicia social en el centro de la respuesta frente al cambio climático, puesto que una transición justa implica respetar los derechos humanos, incluidos los derechos laborales de los trabajadores de las industrias relacionadas con dichos combustibles y con la transición, mientras se abandonan gradualmente los combustibles fósiles. Si bien se establecerá una plataforma de coordinación, la sociedad civil reclama desde ya recursos, objetivos ambiciosos y espacios para la participación.
Sin embargo, los avances en la cuestión central de la financiación de la lucha contra el cambio climático fueron insuficientes. Aunque los Estados europeos finalmente dejaron de oponerse a triplicar los fondos anuales para que los países del Sur global puedan adaptarse al cambio climático, esta promesa sigue sin concretarse. Además, el plazo fijado para 2035 es demasiado lejano y los 120.000 millones de dólares que se destinarán cada año no serán suficientes para cubrir las necesidades estimadas. A esto se suma la dificultad para alcanzar acuerdos internacionales sobre el cambio climático y el medio ambiente, y aún más, para aplicarlos, pero financiarlos puede ser lo más difícil de todo.
Las noticias sobre otros acuerdos internacionales clave para la protección del medio ambiente son dispares. No parece que se haya avanzado en la firma de un tratado para abordar la crisis de la contaminación por plásticos. La omnipresencia de los residuos plásticos es una catástrofe ambiental que no para de crecer y, dado que los plásticos se fabrican a partir de combustibles fósiles, contribuye a agravar la crisis climática. Se suponía que el tratado estaría listo a finales de 2024, pero la ronda de negociaciones de agosto de 2025 concluyó sin que se llegara a un acuerdo. Los principales productores de petróleo, entre los que se encuentran Arabia Saudita, Irán, Rusia y ahora también Estados Unidos, siguen bloqueando los avances y aspiran a un tratado de alcance limitado que se centre únicamente en la gestión de los residuos. La sociedad civil y los Estados más ambiciosos insisten en que se debe abordar todo el ciclo del plástico, incluidos los límites a la producción y al consumo.
Activistas se manifiestan frente a la sede de la ONU en Ginebra en vísperas de las negociaciones del Tratado sobre los Plásticos, el 4 de agosto de 2025. Foto de Fabrice Coffrini/AFP
La sociedad civil está documentando el problema, aportando conocimientos jurídicos y científicos, presionando a los gobiernos y lanzando campañas para sensibilizar a la opinión pública. Prefiere mantener viva la esperanza de alcanzar un acuerdo más ambicioso antes que aceptar un tratado descafeinado acordado apresuradamente. Al igual que ocurrió con la COP30, los Estados que así lo deseen pueden tomar medidas por su cuenta, lo que supondría un avance; no obstante, esto también podría dar lugar a un mosaico normativo que permitiría a los principales contaminadores eludir los límites vinculantes.
La sociedad civil también está trabajando con gobiernos que apoyan una iniciativa para desarrollar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Esta herramienta reforzaría el Acuerdo de París, ya que prohibiría la puesta en marcha de nuevos proyectos de extracción de petróleo, gas y carbón, y se eliminaría la producción actual de forma paulatina. Desde el lanzamiento de la iniciativa en 2020, las organizaciones de la sociedad civil Carbon Tracker y Global Energy Monitor han elaborado un registro mundial de los combustibles fósiles, lo que supone un paso fundamental para hacer un seguimiento de las infraestructuras a las que se aplicaría el tratado. En 2025, Camboya y San Cristóbal y Nieves se sumaron a la campaña, elevando así a dieciocho el número de Estados que la respaldan.
Sin embargo, una iniciativa que actualmente se encuentra estancada puso de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta el multilateralismo contemporáneo. En abril, la Organización Marítima Internacional anunció un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo mediante el establecimiento de nuevas normas mundiales sobre los combustibles y la imposición de tasas a los buques que más contaminan. El acuerdo debía firmarse en septiembre, pero el gobierno de Trump aseguró que se trataba de un impuesto internacional y amenazó con imponer sanciones a quienes lo apoyaran, por lo que la votación se pospuso hasta octubre de 2026. En el mejor de los casos, se habrá retrasado la adopción de medidas para limitar una importante fuente de emisiones; en el peor, las amenazas de Estados Unidos podrían hacer que el acuerdo fracase.
La UE también ha atenuado sus compromisos. El Parlamento Europeo ha suavizado su Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad ante la creciente influencia de los partidos de derechas que se oponen a la lucha contra el cambio climático, una postura que también quedó reflejada en la reducida ambición de la UE durante la COP30. La directiva, elaborada tras una amplia labor de incidencia de la sociedad civil, exigía inicialmente a las grandes empresas que adecuaran su actividad al Acuerdo de París. Ahora solo se aplica a las empresas más grandes y con menores obligaciones de reporte.
Al menos se lograron algunos avances en septiembre. Ese mes, el Tratado de Alta Mar superó el umbral de las sesenta ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. El convenio, acordado en 2023 tras años de campañas de la sociedad civil, reconoce que la altamar —las dos terceras partes de las aguas que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales— carece prácticamente de protección y se enfrenta a amenazas crecientes, como la explotación minera de los fondos marinos. Su objetivo es revertir la degradación del medio ambiente, la destrucción de la vida marina y la pérdida de medios de subsistencia.
El tratado entró en vigor en enero de 2026, pero algunas potencias marítimas y gigantes de los combustibles fósiles aún no lo han ratificado, lo que ha dado lugar a otro mosaico de medidas de protección. La sociedad civil, por su parte, reclama que más actores ratifiquen el tratado y que se pongan en marcha mecanismos sólidos para garantizar su cumplimiento y supervisión.
La presión de la sociedad civil sobre los Estados y las empresas ha continuado y ha dado frutos. Gracias a varias campañas, en 2025 se supo que el importante grupo bancario Swedbank había dejado de conceder préstamos a empresas de combustibles fósiles casi por completo.
Los litigios en defensa del medio ambiente y contra el cambio climático se han convertido en una herramienta eficaz. Si antes la mayoría de ellos tenía lugar en los Estados Unidos, ahora se están llevando a cabo en todo el mundo. En julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva sin precedentes. En ella, el tribunal dictaminó que los Estados tienen la obligación legal de prevenir los daños al medio ambiente y, por lo tanto, deben reducir las emisiones y tomar medidas para adaptarse al cambio climático. A pesar de que el gobierno de Vanuatu presentó el caso con el respaldo de otros Estados insulares del Pacífico, la iniciativa tuvo su origen en la sociedad civil: en 2019, grupos de estudiantes de ocho países crearon la red Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático con el objetivo de convencer a sus gobiernos para que solicitaran una resolución a la CIJ.
Activistas por el clima se reúnen frente a la Corte Internacional de Justicia antes de la lectura de su opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados de proteger el clima en La Haya, Países Bajos, el 23 de julio de 2025. Foto de Marta Fiorin/Reuters vía Gallo Images
El fallo desestimó los argumentos de los Estados poderosos del Norte global y de los Estados petroleros obstruccionistas, que afirmaban que los países no pueden ser considerados responsables de su contribución al daño climático de forma individual. También reafirmó la importancia del Acuerdo de París y se apoyó en un corpus más amplio del derecho internacional para dejar en claro que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos.
Tras una amplia participación de la sociedad civil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo similar. Determinó que los pueblos de América tienen derecho a un clima sano y estable, lo que significa que los Estados deben prevenir el cambio climático y adaptarse a él, ofrecer reparaciones y regular las empresas que contribuyen al deterioro climático. En marzo, en el marco de un caso presentado por grupos indígenas, el tribunal falló en contra del gobierno de Ecuador y le ordenó poner fin a las actividades extractivas en una zona en la que habitan pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se dispone a emitir una opinión consultiva a raíz de una petición presentada por la coalición de sociedad civil Plataforma Africana por el Clima.
Estas resoluciones pueden parecer simbólicas y, de hecho, la COP30 ignoró en gran medida la decisión de la CIJ. Mientras tanto, el gobierno de Trump está presionando a Vanuatu para que retire una resolución de la ONU que da seguimiento a la sentencia. Pese a esto, los fallos internacionales refuerzan los argumentos jurídicos a nivel nacional para poder exigir responsabilidades a los Estados y a las empresas, lo que, a su vez, aporta solidez a las iniciativas judiciales de la sociedad civil.
Estas resoluciones siguen propiciando victorias de gran calado. Por ejemplo, dos organizaciones de la sociedad civil sudafricana lograron una victoria histórica al detener un proyecto petrolero de Shell y TotalEnergies en altamar. Un tribunal dictaminó que las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas presentaban serias deficiencias, ya que no habían analizado las repercusiones que tendrían las actividades de perforación para las comunidades costeras y la pesca artesanal. Las empresas no podrán reanudar las obras hasta que hayan completado nuevos estudios inclusivos y exhaustivos, dando así a las comunidades afectadas la oportunidad de seguir resistiendo.
Activistas italianos colocan un cartel de apoyo a Greenpeace frente a la embajada de Estados Unidos en Roma, Italia, el 9 de abril de 2025. Foto de Andreas Solaro/AFP
Se avecinan más litigios judiciales. En Nueva Zelanda, el grupo Iniciativa de Derecho Ambiental presentó una demanda después de que el gobierno rebajara los objetivos de su plan de reducción de emisiones sin llevar a cabo las consultas pertinentes y priorizara las compensaciones forestales cuestionables por encima de las reducciones efectivas de emisiones. Varias comunidades nigerianas han presentado una demanda contra Shell ante los tribunales del Reino Unido a raíz de los vertidos de petróleo que han contaminado el delta del Níger durante décadas. En Zambia, los agricultores abrieron una causa judicial contra una empresa minera china tras el derrumbe de una presa que liberó residuos mineros que contaminaron las fuentes de agua de las que dependen miles de personas.
Sin embargo, la sociedad civil también está en el punto de mira. En marzo, un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) condenó a tres organizaciones de Greenpeace a pagar una indemnización de más de 660 millones de dólares a la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer en concepto de daños y perjuicios. Tras un juicio que los observadores internacionales calificaron de injusto, el tribunal concluyó equivocadamente que Greenpeace había orquestado las protestas de los pueblos indígenas contra la construcción de un oleoducto en sus tierras.
Era evidente que se trataba de una demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), esto es, un proceso judicial diseñado para acallar las críticas legítimas. Greenpeace Rumania se enfrenta a una demanda similar que busca su disolución, y que fue presentada por la empresa energética estatal Romgaz, en represalia por su campaña contra un proyecto gasístico. El ministro de Energía de Rumania ha instado a las empresas a que demanden a los grupos ecologistas. Pese a esto, Greenpeace Internacional está contraatacando y ha emprendido procesos judiciales en los Países Bajos, en virtud de la directiva anti-SLAPP de la UE, para que se desestime la demanda de Energy Transfer. Cabe destacar que los ataques injustos de las empresas con poder están consiguiendo que aumente el apoyo popular a las organizaciones de la sociedad civil.
Los activistas ecologistas y militantes contra el cambio climático, así como las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a la tierra, llevan a cabo actividades de incidencia, campañas y protestas para mantener la presión, pero se enfrentan a una severa represión por parte del Estado y de empresas, que se manifiesta a través de actos violentos y procesos de criminalización, entre otras prácticas.
En 2025 se produjeron numerosos casos que ilustran esta situación. Por ejemplo, en Camboya, varios periodistas fueron víctimas de agresiones y disparos por documentar actividades de tala ilegal. En Indonesia, un tribunal encarceló a once miembros de una comunidad indígena por impedir la extracción de níquel. En México, el activista Cristino Castro Perea, que se dedicaba a proteger las playas y los manglares, fue asesinado a tiros. En Chile, el gobierno debilitó la legislación ambiental y las activistas indígenas fueron víctimas de actos de intimidación, acoso judicial y ataques violentos por oponerse a proyectos de infraestructuras de gran envergadura. En Perú, la policía empleó gases lacrimógenos y armas no letales contra personas que bloqueaban una carretera para protestar contra una mina. En Uganda, las autoridades detuvieron a once activistas por protestar contra la construcción del oleoducto de África Oriental.
Agentes de policía detienen a manifestantes que protestaban contra el proyecto del oleoducto de crudo de África Oriental en Kampala, Uganda, el 26 de agosto de 2024. Foto de Badru Katumba/AFP
En Francia, el gobierno difamó en repetidas ocasiones a las personas defensoras del medio ambiente y desplegó la fuerza policial contra las protestas, mientras que en Alemania el gobierno abrió una investigación sobre los fondos públicos que reciben los grupos ecologistas y otras organizaciones. En los Países Bajos, el Parlamento aprobó en enero una moción en la que declaraba a Extinction Rebellion “organización ilegal y vandálica que perturba la sociedad”, e instaba a privar a la organización de su excepción fiscal. En Portugal, el gobierno mencionó a los grupos ecologistas en una sección sobre terrorismo de su informe anual sobre la seguridad. En Nueva Zelanda, las autoridades detuvieron a un gran número de personas durante las manifestaciones contra el cambio climático y en defensa del medio ambiente.
La sociedad civil sigue plantando cara a la represión y adaptándose. Australia se ha convertido en el país que más manifestantes ecologistas y militantes contra el cambio climático detiene en todo el mundo, gracias a la adopción, en los últimos años, de una amplia legislación contra las protestas. En respuesta a esta situación, se creó Climate Defenders Australia, el primer servicio jurídico sin ánimo de lucro del país que defiende a los manifestantes que luchan contra el cambio climático, se opone a las demandas estratégicas contra la participación pública presentadas por empresas y promueve procesos judiciales contra la policía por extralimitarse.
Sin embargo, adaptarse a la represión tiene un coste. La sociedad civil debe invertir tiempo y dinero para defenderse, lo que supone desviar una energía que podría emplearse para exigir a los Estados y las empresas que reduzcan las emisiones y financien la transición. En un momento en el que cada día de retraso cuenta, las restricciones impuestas a la sociedad civil agravarán los efectos del cambio climático. Por esta razón, los Estados y las empresas deben respetar, como mínimo, el derecho de la sociedad civil a exigir las medidas contra el cambio climático que se necesitan con tanta urgencia.